La salida de Carlos Frugoni por omitir bienes en Miami agitó tensiones en el oficialismo y expuso cómo la Casa Rosada busca blindar a Manuel Adorni.
La salida de Carlos María Frugoni no quedó encerrada en el caso personal del ex secretario de Coordinación de Infraestructura. En la Casa Rosada, el episodio empezó a leerse de inmediato en otra clave, mucho más delicada para el Gobierno: cuánto puede impactar sobre la situación judicial y política de Manuel Adorni. La comparación no tardó en instalarse porque ambos nombres quedaron asociados, en distintos niveles, a discusiones sobre declaraciones patrimoniales y explicaciones pendientes.
En el oficialismo hay un esfuerzo visible por separar los dos expedientes y cortar de raíz cualquier equivalencia política. Cerca del jefe de Gabinete insisten en que el caso de Frugoni y el de Adorni son de naturaleza distinta, tanto por los hechos como por la reacción de cada uno frente a las acusaciones. Esa defensa no aparece solo como una línea discursiva: también funciona como una necesidad urgente para evitar que un caso arrastre al otro.
Esa postura quedó resumida en una frase que circuló con fuerza dentro del ecosistema libertario. Una voz importante del espacio sostuvo que el desenlace de Frugoni incluso favorece a Adorni en la comparación y lanzó: “La situación marca que Manuel es decente. Uno tenía siete propiedades en el exterior y en el otro caso se discuten dos hipotecas. De locos”. La frase exhibe el tono con el que una parte del Gobierno intenta bajar el costo político del expediente que involucra al jefe de Gabinete.
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La misma lógica apareció en otra definición surgida desde el entorno oficial, donde también buscaron marcar una frontera nítida entre ambos casos. Allí sostuvieron que se trata de situaciones “diversas” y que incluso “la presunción de inocencia también es distinta”. En esa línea, reforzaron el argumento con otra sentencia: “Manuel tiene deudas hipotecarias. Hay que justificar 7 casas en el exterior”.
El problema para la Casa Rosada es que esa explicación no ordena del todo las dudas internas ni desactiva el ruido político. Aunque en público predomina la defensa cerrada del funcionario, en reserva también asoman voces que advierten una incomodidad evidente. Para ese sector, la salida de Frugoni deja una señal difícil de disimular, porque muestra que el Gobierno puede ser inflexible con un funcionario mientras, al mismo tiempo, despliega una protección mucho más explícita sobre otro.
Ese malestar quedó condensado en otra frase que circula con prudencia dentro del propio oficialismo. Una fuente reservada admitió que la decisión genera “una contradicción”, aunque enseguida intentó introducir una diferencia de fondo: “Marca una contradicción, pero la diferencia sustantiva es que Frugoni reconocía que eso era así, mientras que Manuel lo niega y lo está investigando la Justicia”. Esa observación revela que el problema no es solo judicial, sino también político y narrativo para el Gobierno.
En Balcarce 50, de todos modos, el clima predominante sigue siendo de confianza respecto al expediente que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. En el entorno de Adorni aseguran que la causa tendrá una definición favorable y repiten que no ven elementos para sostener una acusación de corrupción. Uno de esos respaldos se expresó con crudeza al afirmar: “Creemos que la justicia va a fallar a favor pese a que hubo una mano negra mediática que quiere voltearlo. Está más que claro que no es un corrupto”.
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Ese blindaje político tendrá una escena fuerte esta misma semana, cuando Javier Milei se presente en la Cámara de Diputados para acompañar a Adorni durante su primer informe de gestión. La decisión presidencial busca mandar un mensaje doble: respaldo sin fisuras hacia adentro y señal de fortaleza hacia afuera, en medio de una agenda cargada de tensión. En ese marco, el propio funcionario ya había buscado transmitir tranquilidad al remarcar: “Se están cumpliendo los plazos y estamos muy tranquilos”.
El sostén no se limita al Presidente. También Karina Milei aparece como una de las principales defensoras del jefe de Gabinete, en una etapa en la que además se prepara una nueva declaración jurada que deberá presentar el 31 de julio, después de la prórroga dispuesta por la Oficina Anticorrupción. Ese dato suma otra capa al cuadro, porque muestra que el Gobierno no solo lo respalda políticamente, sino que además apuesta a que el tiempo administrativo juegue a favor de su estrategia.
La caída de Frugoni, entonces, abrió algo más incómodo que una comparación de nombres o expedientes. Puso al oficialismo frente a una pregunta que todavía no logra cerrar del todo: hasta dónde puede sostener que son casos distintos sin quedar atrapado en una lógica de doble vara. Por ahora, en la Casa Rosada creen que el costo se puede contener, pero el episodio ya dejó una grieta interna que ni el optimismo judicial alcanza a tapar por completo.
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