A las víctimas del doble crimen de Comodoro las mandaron a matar de trece disparos a quemarropa

Policiales03/05/2026

El fiscal sostiene que a las víctimas las "enviaron a matar" mientras estaban indefensas en su auto. Vera y Encina cumplirán prisión preventiva tras una audiencia cargada de tensión.

Rodrigo Nieves murió de forma instantánea y Agustina Asencio apenas sobrevivió unos minutos tras ser alcanzados por una ráfaga de proyectiles que perforó la carrocería de su coche. El ataque se produjo el pasado 22 de abril a las 3:14 de la madrugada, cuando un Volkswagen Vento se puso a la par de las víctimas en la calle La Prensa. El fiscal Julio Puentes fue tajante al describir la escena en los tribunales de Comodoro Rivadavia: “no fue un enfrentamiento armado, fueron ultimados en el auto sin defensa”.

La hipótesis que maneja la fiscalía para sostener la detención de Nadir Vera y Eric Isaac Encina descarta un cruce casual entre bandas o un conflicto espontáneo. El Ministerio Público Fiscal fue directo al señalar que la motivación del doble crimen responde a una orden previa. Para los investigadores, “la hipótesis de la fiscalía es que fueron enviados a matar a Nieves”, transformando el caso en una ejecución planificada con una víctima colateral.

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El sustento probatorio que permitió la apertura de la investigación preparatoria se apoya en una serie de registros técnicos y testimoniales recolectados durante la última semana. Según expuso Puentes, la causa cuenta con “testigos presentes en el lugar del doble crimen, cámaras de seguridad y secuestros de dos armas de fuego”. Estos elementos fueron obtenidos luego de un masivo despliegue operativo que incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

La acusación pública imputó a ambos sospechosos bajo la figura de “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego” en calidad de coautores. Durante la audiencia del sábado, el fiscal remarcó que el peligro de fuga es concreto debido a la pena de prisión perpetua que arriesgan los acusados. Además, se planteó que existe un riesgo de entorpecimiento porque la libertad de los involucrados podría “influir sobre testigos” que ya están identificados en el expediente.

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Los imputados rompieron el silencio en los tribunales penales pero solo para despegarse por completo de la acusación que pesa sobre ellos. Tanto Vera como Encina declararon formalmente negando cualquier vinculación con el ataque ocurrido cerca del natatorio del barrio Pueyrredón. Sus abogadas defensoras centraron sus argumentos en la falta de una descripción clara sobre qué hizo cada uno durante los segundos que duró la balacera.

La defensa de Vera, encabezada por Mariel Suárez y Julia Bruno, atacó la estructura de la imputación fiscal por considerarla imprecisa. Las letradas solicitaron el arresto domiciliario al entender que no hay pruebas directas que ubiquen a su asistido disparando contra las víctimas. En sus fundamentos, recalcaron que en esta etapa “se debe analizar si son las personas correctas y existe el principio de inocencia” de manera efectiva.

Por su parte, la defensa pública que asiste a Encina también se opuso a que el joven permanezca tras las rejas mientras se desarrolla el proceso judicial. El planteo giró en torno a la falta de recaudos legales suficientes para dictar una medida de coerción tan gravosa en una etapa tan temprana. Aseguraron que no existen peligros procesales reales y que la investigación podría avanzar con el sospechoso en libertad.

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Pese a los intentos de las defensas por conseguir la libertad o el arresto domiciliario, el juez penal Martín Cosmaro consideró que el riesgo procesal es latente. El magistrado entendió que la magnitud del ataque justifica una medida preventiva inmediata para garantizar la integridad de la prueba. Sin embargo, no otorgó los seis meses de encierro que pretendía la fiscalía, limitando el tiempo inicial de detención.

La resolución determinó que los sospechosos permanecerán bajo “prisión preventiva por el término de un mes”, basándose en la gravedad del hecho y los peligros de fuga. Este plazo funciona como una primera barrera legal mientras los peritos analizan las cámaras de seguridad y las armas secuestradas. La investigación recién comienza y los próximos treinta días serán determinantes para confirmar si los detenidos son los autores materiales del doble crimen que conmocionó al barrio Pueyrredón.