
La comisión de Medios debate un reemplazo urgente para la ley derogada por el Gobierno. Los gremios exigen fijar límites a las plataformas antes de 2027.

Los sueldos de las redacciones argentinas y las condiciones laborales de miles de redactores ingresarán en una zona de desamparo normativo total si el Congreso no sanciona una nueva reglamentación antes del próximo año nuevo. La extinción programada del marco regulatorio histórico del sector obliga a las espadas legislativas de la oposición a activar tratamientos exprés en los despachos de la Cámara alta. Los senadores intentarán articular una propuesta que contenga las demandas de las principales federaciones gremiales frente al avance de la precarización digital.
La senadora nacional Carolina Moisés resolvió abrir formalmente el Salón Arturo Illia este martes a las 15 para sentar en la misma mesa a legisladores y dirigentes sindicales de todo el país. La titular de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión por el bloque Convicción Federal busca acelerar el debate de un proyecto superador que no se limite a reponer la normativa derogada por el Poder Ejecutivo. El borrador técnico en discusión introduce pautas estrictas para reglamentar modalidades contemporáneas de empleo como el teletrabajo y los esquemas de cuidados familiares dentro de las empresas periodísticas.
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La irrupción sin control de los algoritmos de generación de contenidos y la desregulación de las plataformas transnacionales configuran el núcleo central de las nuevas protecciones que demandan los trabajadores de prensa. El equipo técnico de la parlamentaria jujeña especificó que, “además de preservar la libertad de expresión, la iniciativa regula los nuevos derechos asociados al uso de plataformas, el teletrabajo, el rol de la IA, los derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la tarea en las coberturas periodísticas, entre otros aspectos”. La intención manifiesta de la propuesta pasa por edificar una barrera de contención legal frente al reemplazo de mano de obra humana por sistemas automatizados.
Los principales caciques sindicales del sector desembarcarán en el palacio legislativo con el objetivo de unificar posiciones y presionar a los bloques dialoguistas del Senado. La convocatoria oficial confirmó las exposiciones presenciales de referentes de SIPREBA y de la FATPREN, quienes asistirán acompañados por delegaciones del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, la Asociación de Periodistas de Corrientes y la Asociación de Prensa de Santa Fe. Los dirigentes gremiales Carla Gaudensi, María Ana Mandakovick, Diego Miner y Pablo Jiménez serán los encargados de fundamentar la necesidad de un estatuto moderno ante los senadores de la comisión.
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El malestar de las conducciones sindicales de la prensa se focaliza en las consecuencias operativas de la Reforma Laboral que el presidente Javier Milei logró convalidar meses atrás en las dos cámaras del Congreso. La secretaria general de FATPREN, Carla Gaudensi, apuntó directamente contra la estrategia oficialista al recordar que “este año, Milei avanzó con la reforma laboral y sancionó la derogación del Estatuto del Periodista desde el 1 de enero de 2027, que garantizaba un piso de derechos y mayor estabilidad laboral”. Para la referente trabajadora, la supresión de la ley histórica guarda una relación directa con el severo plan de ajuste presupuestario ejecutado sobre las estructuras de los medios públicos de comunicación.
La postura adoptada por las conducciones gremiales busca sortear la mera queja institucional para convertir el conflicto gremial en una herramienta de presión parlamentaria concreta. La conducción de la federación nacional fijó la estrategia de lucha al sostener públicamente que “no podemos quedarnos en la resignación: necesitamos organizarnos y pelear de conjunto para lograr una actualización del Estatuto, mejorar los salarios y conseguir nuevas conquistas”. El pliego de demandas obreras entrelaza la urgencia salarial inmediata provocada por la inflación con la conquista de reaseguros legales de cara a las transformaciones tecnológicas de la próxima década.
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El marco jurídico original que rigió la actividad de los cronistas y reporteros locales durante las últimas ocho décadas nació al calor de la posguerra. La emblemática Ley 12.908, reglamentada definitivamente en el año 1946, funcionó como el cimiento institucional que ordenó las categorías salariales, las licencias y la estabilidad laboral dentro de los de los medios de comunicación. La inclusión de su derogación lisa y llana dentro del polémico Título XXVI de la Ley de Modernización Laboral barrió con ese piso de derechos fundamentales construido a mediados del siglo pasado.
La subsistencia provisoria del viejo ordenamiento responde a una febril negociación de última hora entablada por los representantes gremiales durante el tratamiento de la ley bases original en los pasillos parlamentarios. Las federaciones de prensa consiguieron arrancar un puente temporal que estiró la vigencia plena del estatuto anterior hasta el próximo 31 de diciembre de este año. Esta prórroga de contingencia dotó a las fuerzas de oposición de un acotado margen político para diseñar, consensuar y tramitar una norma de reemplazo eficaz que impida el vacío legal absoluto.
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El recorrido institucional que le resta transitar al nuevo proyecto parlamentario de la senadora Moisés expone un panorama sumamente complejo en el actual mapa de fuerzas políticas del Senado. La iniciativa deberá sortear el filtro riguroso de diversas comisiones asesoras, conseguir dictámenes de mayoría y resistir los embates de los bloques alineados con el oficialismo nacional que rechazan las regulaciones laborales. El tiempo legislativo conspira de forma directa contra las aspiraciones sindicales, dejando abierta la posibilidad cierta de que la actividad periodística amanezca desregulada el próximo año si los senadores no logran sellar un acuerdo político unánime antes de las fiestas de fin de año.
Fuente: NA.







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