Piden juicio para una banda acusada de extorsionar y que llevó a la muerte al soldado en la Quinta de Olivos

Policiales19/06/2026

La Fiscalía acusó a siete personas por una estructura que operaba con perfiles falsos, billeteras virtuales y llamados desde cárceles bonaerenses.

Una red que contactaba hombres por aplicaciones de citas, trasladaba las conversaciones a WhatsApp y luego exigía dinero bajo amenaza de denuncias penales quedó a un paso del juicio oral. La Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, a cargo de Federico Iuspa, pidió la elevación parcial de la causa contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita. Dos de los imputados también deberán responder, si el pedido prospera, por la instigación al suicidio de un soldado que prestaba funciones en la Quinta Presidencial de Olivos.

El requerimiento fue presentado ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y reconstruye una organización que, según la acusación, operó entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026. En esta etapa, el expediente reúne tres hechos de extorsión, aunque la investigación continúa sobre otros posibles episodios. Por eso, la Fiscalía pidió una elevación parcial y dejó abierta la posibilidad de ampliar el alcance de la causa.

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La acusación ubica a T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, como presuntos líderes de la estructura. Ambos habrían dirigido la maniobra desde la Unidad N°36 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Junto a ellos aparece K.M.S.P., de 28 años, luego trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, y cuatro mujeres señaladas como colaboradoras externas dentro del circuito de cobro y comunicaciones.

La Fiscalía sostiene que las mujeres cumplían un rol operativo central para que las extorsiones pudieran concretarse. Según el requerimiento, I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M. aportaban cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para recibir el dinero. También habrían facilitado chips telefónicos utilizados por los internos para realizar llamados desde los establecimientos penitenciarios.

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La mecánica atribuida al grupo combinaba perfiles falsos, presión psicológica y simulación de autoridad. La investigación indica que creaban identidades de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para iniciar contactos con potenciales víctimas. Después llevaban la charla a WhatsApp y activaban una secuencia de amenazas vinculadas con una supuesta menor de edad y una posible denuncia penal.

El segundo paso de la maniobra incluía la intervención de una persona que se hacía pasar por la madre de la supuesta joven. Bajo esa identidad, enviaba mensajes de audio y reforzaba la amenaza de una denuncia. Luego aparecía otro contacto que simulaba pertenecer a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real, para exigir transferencias de dinero con el argumento de “ayudar con la situación”.

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El hecho más grave atribuido a la organización tiene como víctima a un soldado de 21 años que cumplía funciones de custodia en la residencia presidencial de Olivos. La causa se inició el 16 de diciembre, después de que fuera hallado sin vida en una garita del predio. La Fiscalía sostiene que el día anterior había transferido $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago en el marco de la maniobra extorsiva.

Por ese episodio, Iuspa pidió que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados no solo como jefes de una asociación ilícita agravada y coautores de tres extorsiones. También solicitó que respondan por instigación al suicidio, delito previsto en el artículo 83 del Código Penal, con pena de uno a cuatro años de prisión. Esa imputación eleva el peso judicial del expediente y coloca bajo análisis el vínculo entre la presión extorsiva y la decisión final de la víctima.

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Los otros dos hechos incorporados al pedido de juicio muestran montos menores, pero la misma lógica de captación y amenaza. El 26 de diciembre, otra víctima transfirió $15.000 a una billetera virtual vinculada con una de las imputadas. Entre el 22 y el 28 de diciembre, un tercer hombre depositó $116.000 en cuentas pertenecientes a dos acusadas, según la reconstrucción fiscal.

La prueba reunida surgió del trabajo conjunto entre la Fiscalía, el juzgado federal y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. Esa tarea permitió identificar a los presuntos integrantes de la organización, reconstruir los contactos digitales y seguir el recorrido del dinero transferido. La investigación también conectó las cuentas receptoras, los chips telefónicos y la actividad atribuida a los internos alojados en cárceles bonaerenses.

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El fiscal describió a tres de los imputados como “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”. Esa cita resume la hipótesis principal del caso: una organización con dirección intramuros y una red externa encargada de sostener la circulación del dinero y los medios de comunicación.

La decisión final sobre el juicio quedará ahora en manos del juzgado federal. Si la elevación prospera, siete personas deberán responder por asociación ilícita agravada y extorsiones, mientras que dos de ellas sumarán la acusación por instigación al suicidio. La consecuencia pendiente será definir si la prueba reunida alcanza para llevar al debate oral una causa que expone una forma de extorsión digital con daños económicos, psicológicos y personales profundos.

Fuente: NA.