Spagnuolo se sigue resistiendo al peritaje de voz en la causa ANDIS por corrupción

El fiscal Picardi rechazó frenar el análisis de audios y propuso usar entrevistas públicas ante la negativa del exfuncionario a aportar su voz.

El peritaje de los audios quedó convertido en una disputa central dentro de la causa ANDIS, donde la Justicia investiga una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. El exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, se niega a aportar una muestra de voz para compararla con las grabaciones incorporadas al expediente. Frente a esa negativa, el fiscal federal Franco Picardi pidió rechazar el planteo defensivo y propuso avanzar con otro camino: usar entrevistas públicas del exfuncionario como material de cotejo. La decisión final quedará en manos del juez Ariel Lijo, que debe resolver si el estudio técnico continúa sin la colaboración directa del imputado.

La discusión no gira únicamente alrededor de una grabación, sino sobre el valor que tendrá una prueba técnica en una causa de alto impacto político y judicial. Los audios atribuidos a Spagnuolo mencionan presuntas coimas dentro de la ANDIS, aunque las defensas cuestionan su origen, su autenticidad y su posible edición. El 30 de abril, Lijo ordenó peritar ese material para esclarecer origen y veracidad, una medida que también reclamaban defensas del exfuncionario, de la droguería Suizo Argentina y del lobista Miguel Ángel Calvete. Picardi sostuvo que el análisis debe hacerse con “material indubitado”, es decir, con muestras de voz confiables para comparar. Allí apareció el choque: Spagnuolo no acepta ser grabado para ese fin.

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La defensa, encabezada por Pablo Parera, planteó que obligar al exdirector de la ANDIS a entregar su voz afectaría su derecho a no autoincriminarse. Por eso pidió la nulidad de ese punto de la pericia y también la suspensión del estudio hasta que se resuelva la discusión. La respuesta de la fiscalía fue dura y apuntó a la estrategia defensiva como un intento de frenar el expediente. Picardi calificó el planteo como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”. En su mirada, el pedido no busca proteger una garantía concreta, sino demorar una medida que puede aclarar si la voz de las grabaciones corresponde o no al exfuncionario.

El dictamen fiscal también marcó una contradicción interna en la postura de Spagnuolo. Según Picardi, el propio perito de la defensa, Marcelo Torok, había solicitado puntos de pericia orientados a determinar si la voz de los audios correspondía al exdirector de la agencia. Ese dato debilita el pedido de frenar el estudio, porque primero se reclamó una comprobación técnica y luego se objetó el modo de obtener la muestra. El fiscal describió esa tensión como “contradicciones insalvables”. Para la acusación, la defensa no puede pedir que se verifique una voz y, al mismo tiempo, impedir la medida necesaria para hacer esa comparación.

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La alternativa propuesta por Picardi busca evitar que la investigación dependa de la voluntad del imputado. La fiscalía sugirió tomar como base cuatro entrevistas que Spagnuolo dio en Neura, La Nación+, Border y El Observador. Esos registros podrían funcionar como material público para que Gendarmería Nacional realice el análisis comparativo. La medida permitiría sostener el peritaje sin forzar una declaración o una grabación nueva del exfuncionario. Además, la fiscalía puso a disposición cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, mientras los acusados designaron peritos de parte para controlar el proceso.

Picardi también cuestionó otro punto de la defensa: afirmar que los audios son falsos o manipulados antes de que el peritaje lo determine. En el dictamen, el fiscal sostuvo que ese razonamiento incurre en una “falacia lógica -petición de principio-”, porque anticipa la conclusión que conviene a la defensa sobre algo que todavía debe comprobarse. La frase revela el núcleo de la disputa: si las grabaciones deben analizarse para confirmar o descartar su autenticidad, no puede usarse su presunta falsedad como argumento para impedir el análisis. La fiscalía busca que la pericia llegue al resultado técnico, no que la discusión procesal la bloquee antes de empezar.

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Otro aspecto relevante es que Picardi rechazó que los audios sean la base exclusiva de la acusación. Las defensas sostienen que, si las grabaciones tuvieron un origen clandestino o resultan inválidas, toda la causa podría quedar en riesgo. El fiscal respondió que no utilizó ni valoró esos audios como evidencia central para fundar la imputación contra más de 40 personas y 20 empresas. Esa precisión busca blindar el expediente frente a un eventual cuestionamiento sobre el origen del material. La acusación, según el texto fuente, se apoya en una investigación más amplia sobre contrataciones públicas, adjudicaciones y presuntos pagos indebidos dentro de la agencia.

La causa ANDIS ya tiene a Spagnuolo y otras 18 personas procesadas y embargadas, entre exfuncionarios, empresarios e intermediarios. Además, una segunda tanda de indagados ya pasó por Comodoro Py y espera una definición judicial entre procesamiento o sobreseimiento. Según la acusación, desde la llegada de Javier Milei al poder se habría montado en la agencia una asociación ilícita orientada a defraudar a la administración pública. El supuesto esquema habría operado sobre contrataciones para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud. La fiscalía sostiene que se simuló competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a “empresas amigas”.

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El expediente combina una cuestión técnica con una acusación de fondo sensible: el posible desvío de recursos destinados a personas con discapacidad. Por eso, la discusión sobre la voz de Spagnuolo no queda aislada como una maniobra pericial más. Si el juez Lijo acepta la posición de Picardi, el estudio de los audios podrá continuar con entrevistas públicas como base de comparación. Si admite el planteo defensivo, la investigación perderá una vía directa para examinar una pieza discutida desde el inicio del caso. El límite pendiente está en la próxima resolución judicial: definir si la causa sigue el ritmo que pretende la fiscalía o si la pelea por la pericia vuelve a postergar una respuesta sobre el contenido real de las grabaciones.

Fuente: Infobae.