Una ley reabrió una vieja pelea entre provincias y ahora podría intervenir la Corte Suprema

Un conflicto limítrofe que parecía saldado desde hace décadas volvió a instalar tensión entre San Juan y La Rioja. La disputa no solo involucra mapas y límites provinciales, sino también el control de territorios donde se concentran recursos estratégicos vinculados al turismo y a algunos de los proyectos mineros más importantes del país.

La controversia se reactivó luego de que la Cámara de Diputados de La Rioja aprobara una ley que declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, una norma sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía y que fijó los límites actualmente reconocidos entre ambas provincias.

Desde el gobierno riojano sostienen que aquella delimitación se realizó sin la intervención del Congreso de la Nación y perjudicó los intereses territoriales de la provincia. Por ese motivo, decidieron impulsar una nueva estrategia política y judicial para revisar el trazado vigente.

OTRAS NOTICIAS

Un lingote de 23 kilos: así salió la primera exportación de oro de Río Negro

La norma aprobada también creó la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, un organismo que tendrá la misión de reunir antecedentes históricos, técnicos y jurídicos para respaldar el reclamo.

Además, la Legislatura instruyó a la Fiscalía de Estado provincial para que avance directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo inicial será solicitar medidas cautelares que impidan el desarrollo de actividades o la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que exista una resolución definitiva.

La reacción de San Juan no tardó en llegar. El gobierno provincial rechazó la validez de la ley aprobada por La Rioja y afirmó que los límites interprovinciales vigentes cuentan con respaldo legal y constitucional.

OTRAS NOTICIAS

Cada vez más chacras quedan afuera del sistema que protege las exportaciones a Brasil

Las autoridades sanjuaninas remarcaron que ninguna provincia puede modificar unilateralmente una frontera reconocida por la legislación nacional. Según sostienen, cualquier cambio territorial requiere necesariamente la participación y aprobación del Congreso de la Nación.

Frente al avance riojano, la administración encabezada por Marcelo Orrego comenzó a coordinar una estrategia de defensa junto a distintos sectores políticos provinciales. El objetivo es sostener la jurisdicción sobre las áreas actualmente administradas por San Juan.

La región involucrada en la disputa se extiende desde el Cerro El Potro hasta sectores cercanos al Valle de la Luna. Se trata de una amplia franja cordillerana que adquirió un valor económico creciente durante los últimos años.

OTRAS NOTICIAS

Mundial 2026: Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse

Uno de los puntos más sensibles es la cercanía con el Parque Provincial Ischigualasto, uno de los principales atractivos turísticos de San Juan y reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad. El área recibe visitantes de distintos países y constituye una fuente importante de ingresos para la provincia.

Sin embargo, el mayor interés económico aparece vinculado a la minería. La zona reclamada alcanza sectores relacionados con el yacimiento Gualcamayo y con áreas de influencia del Proyecto Vicuña, uno de los desarrollos de cobre y oro más importantes de la cordillera argentina y que concentra inversiones multimillonarias.

La posibilidad de que el conflicto impacte sobre proyectos mineros de gran escala explica buena parte de la atención que despertó la medida. En caso de prosperar los pedidos cautelares, podrían abrirse debates sobre permisos, jurisdicción y administración de recursos naturales en sectores estratégicos.

OTRAS NOTICIAS

Seis años después, la Corte dejó firmes condenas a exministros de Río Negro

Al tratarse de una controversia entre dos provincias, la definición final excede a los gobiernos locales. El desenlace dependerá de una eventual negociación política en el Congreso de la Nación o, si no existe acuerdo, de un fallo de la Corte Suprema que determine cuál es el límite definitivo entre ambos territorios.

Mientras tanto, una discusión que parecía archivada desde hace más de medio siglo volvió a ocupar un lugar central en la agenda política del oeste argentino y amenaza con abrir una nueva batalla judicial por el control de recursos clave para el desarrollo económico de ambas provincias.