Garfield AI asistió en escritos, pruebas y declaraciones en Reino Unido, pero una abogada advirtió que la estrategia judicial siguió en manos humanas.
La inteligencia artificial ocupó un lugar central en un caso judicial del Reino Unido, pero no reemplazó al abogado que llevó adelante el litigio. El antecedente involucró a un bufete británico que utiliza sistemas automatizados para preparar demandas y ordenar documentación. La sentencia favorable encendió el debate porque gran parte del trabajo previo salió de herramientas de IA, aunque la audiencia oral quedó en manos de un profesional humano.
El caso terminó con un fallo favorable por 7.000 libras esterlinas para Tamires Camal Taquidir, una trabajadora independiente que reclamaba el pago de honorarios adeudados. La preparación del expediente contó con la asistencia de Garfield AI, una firma autorizada en 2025 por la Solicitors Regulation Authority, el organismo que regula la profesión jurídica en Inglaterra y Gales. Esa autorización convirtió al caso en un antecedente observado por estudios jurídicos, especialistas y reguladores.
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La herramienta intervino en tareas previas al litigio. Según la información difundida, colaboró en la preparación de documentación, la organización del material probatorio, la elaboración de escritos y la redacción de declaraciones de testigos. Ese aporte permitió acelerar parte del proceso, pero no trasladó a la IA la representación legal ante el tribunal.
La diferencia fue remarcada por la abogada, escritora y docente Cynthia Castro. “Debemos decir que la IA no ganó un juicio. Quien ganó el juicio es el abogado que utilizó la IA como herramienta de trabajo”, explicó. Su aclaración apuntó a evitar una lectura exagerada del antecedente británico.
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Castro sostuvo que la tecnología puede ser útil para reducir tiempos y costos dentro de un estudio jurídico. También puede asistir en tareas de redacción, búsqueda, ordenamiento de datos y preparación de demandas. Sin embargo, la especialista marcó que esas funciones no sustituyen el razonamiento jurídico ni la responsabilidad profesional.
El punto más sensible apareció en la audiencia oral. Allí no intervino una inteligencia artificial, sino un abogado que presentó argumentos ante el tribunal. “Una cosa es que se utilice esa herramienta para reducir tiempos o disminuir costos, quizás para mejorar la redacción de demandas. Pero lo que no se puede hacer, y lo que no se pudo hacer en el Reino Unido, es que las audiencias sean desarrolladas al 100% por inteligencia artificial”, señaló Castro.
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La abogada también subrayó que la conducción del caso siguió dentro del ejercicio profesional humano. “Tenía que estar el abogado y la decisión de cómo se llevaba adelante la estrategia judicial la hizo el abogado”, indicó. Esa distinción coloca a la IA como soporte técnico, no como operadora autónoma del sistema judicial.
La discusión tiene impacto directo para otros países, incluida Argentina. Castro sostuvo que una herramienta automatizada no puede reemplazar funciones esenciales del abogado ni actuar como si fuera una autoridad capaz de valorar prueba. “No está reemplazando el razonamiento jurídico la inteligencia artificial, mucho menos una valoración probatoria”, afirmó.
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El debate ético se concentra en el alcance de la delegación. Un sistema puede ordenar información, sugerir redacciones o facilitar tareas repetitivas, pero no asumir decisiones vinculadas con garantías, estrategia, interpretación normativa o principios constitucionales. “No puede pensar la inteligencia artificial por el abogado. Lo que tiene que ver con qué clase de ejercicio le damos a la profesión es ahí donde entra la parte ética”, concluyó Castro.
El antecedente de Garfield AI muestra un avance concreto de la tecnología dentro de la práctica jurídica. También deja una frontera clara para los tribunales y los profesionales: la asistencia automatizada puede crecer, pero la responsabilidad por lo que se presenta, se argumenta y se decide sigue bajo control humano. El límite pendiente será definir reglas precisas para usar IA sin afectar garantías procesales ni obligaciones profesionales.
Fuente: Cadena 3
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