Los embargos nacionales neutralizan la ley de emergencia comercial en Santa Cruz: cierran dos empresas por semana
Actualidad02/07/2026
REDACCIÓNLa vigencia de las herramientas de alivio fiscal dictadas por la administración provincial muestra serios límites operativos para contener la desaparición de las pequeñas y medianas empresas locales.
El entramado mercantil de la región sufre las consecuencias de un descalce regulatorio debido a que los beneficios del decreto provincial de emergencia no suspenden las acciones de cobro de los organismos federales. Las cámaras empresarias denuncian que las pymes locales continúan recibiendo notificaciones de ejecuciones y congelamiento de cuentas bancarias emitidas de forma directa por la ARCA nacional.
La desprotección del sector comercial se ve agravada por la inacción del propio Estado santacruceño en la instrumentación de las garantías contenidas en la Ley N.º 3996. El cuerpo normativo, diseñado para mantener su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, estipulaba la creación inmediata de una Comisión de Seguimiento de la Emergencia Comercial para evaluar los casos críticos. Las autoridades gubernamentales todavía no convocaron a las carteras ministeriales, a la ASIP ni a las representaciones del Sindicato de Empleados de Comercio para conformar dicha mesa de monitoreo.
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La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) formalizó un reclamo ante los despachos oficiales para exigir que los alcances del Decreto Provincial N.º 0453 sean replicados mediante un acuerdo de articulación con la órbita nacional. Los representantes del comercio organizado explicaron que la suspensión de las ejecuciones de tasas locales resulta estéril si los comerciantes sufren el bloqueo de su capacidad financiera por deudas aduaneras o previsionales. El sector privado califica la coyuntura actual como el ciclo de contracción más severo de las últimas décadas en la Patagonia sur.
El desmantelamiento del tejido corporativo se tradujo en la destrucción neta de miles de puestos de trabajo en el ámbito privado registrado en los últimos veinticuatro meses. Los padrones laborales de la provincia experimentaron un desplome del 16% en sus dotaciones de personal, pasando de una base de 60.623 asalariados a sostener apenas 50.954 operarios. Las mediciones consolidan a la jurisdicción santacruceña con la peor evolución en materia de sostenimiento de empleo a nivel país dentro del período analizado.
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Las empresas que continúan con sus persianas altas debieron implementar reestructuraciones profundas de sus costos operativos y reducciones masivas en sus plantillas para evitar el cese definitivo de actividades. El origen de este freno en la actividad responde a factores estructurales concurrentes, entre los que se destaca la paralización total de la obra pública nacional y el freno en las obras de las represas del río Santa Cruz. El parate de los proyectos de infraestructura neutralizó la reactivación de los proveedores logísticos del interior provincial.
El escenario de fragilidad se acentuó a partir del retiro operativo de la petrolera estatal YPF de los yacimientos convencionales ubicados en los bloques de la cuenca del golfo San Jorge. La salida de la operadora de bandera generó un efecto de arrastre adverso sobre decenas de contratistas locales y pymes dedicadas a los servicios de mantenimiento de pozos. Las firmas de servicios especiales se quedaron sin contratos de escala, sumándose al proceso de recesión generalizado que muestra el consumo interno en los centros urbanos.
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Los relevamientos sectoriales indican que los registros de las agencias de recaudación oficial capturan únicamente una fracción menor de las bajas reales que sufre el circuito comercial. Las estadísticas disponibles reflejan el comportamiento de las empresas empleadoras con personal a cargo, un universo que representa solamente entre el 12% y el 13% de la base productiva total. El peso de la crisis se descarga sobre una masa de entre 25.000 y 28.000 trabajadores independientes, monotributistas y cuentapropistas que carecen de registros de baja formales.
La desaparición de unidades económicas avanza con un promedio variable de entre 1,5 y 2 cierres de locales por cada jornada en las principales localidades santacruceñas. El impacto geográfico muestra registros alarmantes en los cascos céntricos de Río Gallegos, donde el cese de actividades afectó a más de 150 comercios durante el último período anualizado. Las proyecciones para los meses iniciales del corriente año confirman una aceleración de la tendencia con la pérdida neta de 46 firmas de peso solo en el mes de febrero.
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La falta de funcionamiento de los canales de asistencia previstos en la legislación provincial deja al sector mercantil desprovisto de mecanismos de defensa ante la pérdida persistente de liquidez de las cajas locales. Los referentes de la federación mercantil advirtieron que los niveles actuales de endeudamiento y asfixia fiscal se presentan incluso peores que los registrados durante la crisis de la pandemia. Las pymes de la región exigen resoluciones de fondo antes de que los vencimientos del próximo trimestre fuercen un nuevo ciclo de despidos masivos.
Fuente: La Opinión Austral
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