Sánchez reclamó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su desacuerdo por el triunfo de Fujimori

Actualidad06/07/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El ex candidato de Juntos por Perú impugnó el resultado, denunció cambios en el voto exterior y convocó a una alianza política contra la presidenta electa.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La proclamación de Keiko Fujimori trasladó la pelea electoral peruana del conteo de votos a una disputa política abierta. Roberto Sánchez desconoció el resultado, habló de ilegitimidad y anunció que encabezará un frente patriótico. La pulseada quedó instalada cuando Perú ya tiene presidenta electa, pero aún no inició el nuevo mandato.

El Jurado Nacional de Elecciones proclamó a Fujimori el viernes 3 de julio para el período 2026-2031. La dirigente de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% de Sánchez, con una diferencia de 49.641 sufragios. La asunción está prevista para el 28 de julio, Día de la Independencia peruana.


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Sánchez eligió hablar desde una sede partidaria, rodeado por dirigentes y simpatizantes, para convertir el desconocimiento del resultado en una convocatoria política. “Agradecemos a los más de nueve millones de compatriotas (que votaron a Juntos por Perú) con convencimiento para recuperar la democracia, darle justicia a los mártires del sur y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, con una exigencia ética de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento”, afirmó.

El ex candidato apoyó su reclamo en el desempeño que dijo haber conseguido dentro del territorio peruano, donde sostuvo que venció a Fujimori con el 50,08% de los votos en 16 de las 24 regiones. Los reportes del escrutinio señalaron que Fujimori compensó esa desventaja con su fuerza en Lima y el voto en el exterior, dos datos que explican la brecha final. Ese contraste territorial alimenta ahora el argumento político de Sánchez.


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La impugnación apunta al procedimiento usado para el sufragio fuera del país. “No hubo transparencia, trazabilidad y cambiaron las reglas del juego a días de la segunda vuelta”, denunció Sánchez. En su lectura, el cambio en la llegada y el conteo del voto exterior alteró las condiciones de la competencia antes del balotaje.

El reclamo también llegó al sistema interamericano. Sánchez dijo que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una petición, una demanda y una medida cautelar. “Cuando hay una intención siniestra de manipular esa votación, ellos son los que han causado esa nulidad y hemos acudido en nuestro derecho democrático a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar una petición, una demanda y una medida cautelar”, sostuvo.


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La agenda que planteó para condicionar cualquier diálogo con Fujimori incluyó las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, la derogación de normas que definió como “leyes pro crimen” y la liberación de Pedro Castillo. Amnistía Internacional registró 50 civiles y un policía muertos durante esas protestas, y Castillo fue condenado en 2025 a 11 años y medio de prisión por rebelión y conspiración, fallo que su defensa apeló.

Sánchez exigió una comisión que investigue esas muertes y que identifique responsabilidades políticas por el uso de la fuerza. “Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa para identificar, sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar”, subrayó. Luego reforzó su rechazo al futuro gobierno: “Mientras no haya consideración de estas medidas urgentes y prioritarias no le creemos nada, no le tenemos confianza y acá estaremos dispuestos a caminar con nuestro pueblo hasta las últimas consecuencias por justicia, dignidad y soberanía”.


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La transición entra ahora en una etapa de alta fricción política. Fujimori llega al 28 de julio con la proclamación oficial, una diferencia mínima y el respaldo formal del órgano electoral. Sánchez, en cambio, buscará sostener su denuncia desde la CIDH y desde un frente opositor que pretende discutir la legitimidad del nuevo gobierno antes de su primer día en funciones.

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