La causa por el vaciamiento de YPF suma más de 4000 fojas tras 20 años de instrucción
Actualidad06/07/2026
REDACCIÓNEl expediente judicial, que incluye la denuncia de Elisa Carrió y la maniobra de los Eskenazi, permanece detenido por peritajes inconclusos y exhortos sin respuesta.
El juzgado de Ariel Lijo mantiene la causa por el presunto vaciamiento de YPF en etapa de instrucción desde hace 20 años. El expediente ha acumulado más de 4000 fojas y diversos ejes sin que se registren avances significativos para esclarecer la trama. Actualmente, la investigación se encuentra prácticamente detenida por medidas pendientes desde hace varios años.
En el marco de los obstáculos procesales, un ambicioso peritaje interdisciplinario ordenado en diciembre de 2016 no pudo realizarse por falta de recursos técnicos. Este trabajo pericial buscaba determinar si hubo sobreexplotación de recursos, maniobras de vaciamiento o irregularidades en el ingreso de la familia Eskenazi a la petrolera. La falta de respuesta de los organismos responsables deja la medida sin concluir tras casi una década de solicitud.
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Por otra parte, la justicia argentina aguarda respuestas de exhortos al exterior que permanecen sin novedades. El juez Lijo solicitó información a España sobre la quiebra de las empresas del Grupo Petersen en febrero de 2019 y reiteró el pedido en diciembre pasado. Estas medidas buscan probar si los bancos que prestaron dinero a los Eskenazi utilizaron como garantía fondos públicos de Santa Cruz.
En paralelo, la investigación analiza la maniobra financiera que permitió a dos empresas del Grupo Petersen adquirir el 25% de las acciones de la petrolera en 2008. La operación implicó un desembolso de alrededor de 1000 millones de dólares mediante un esquema de crédito bancario con al menos cuatro bancos privados. Se sostiene la hipótesis de que los dividendos pagados a los accionistas no provenían de ganancias genuinas, sino de un proceso de endeudamiento.
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Además, el expediente incorporó la denuncia original de Elisa Carrió en 2006, que apuntaba a la falta de control del Estado sobre la explotación de Repsol. Con la estatización de la empresa en 2012, impulsada por Axel Kicillof, el Estado prohibió el giro de utilidades y rompió el esquema de pagos de las empresas de los Eskenazi. Tras el ingreso en concurso de estas últimas, los bancos acreedores retuvieron una porción de las acciones de la compañía.
En ese marco, el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, solicitó al juez Lijo información adicional sobre la ingeniería financiera del Credit Suisse. El pedido busca confirmar si los fondos que Néstor Kirchner retiró de la provincia cuando era gobernador fueron utilizados como garantía en el crédito otorgado a los Eskenazi. La medida aún no fue ordenada a pesar de contar con un dictamen fiscal favorable.
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Por otra parte, la fiscalía solicitó incorporar pruebas de otros expedientes, como el caso de los cuadernos de las coimas. Entre los elementos solicitados figuran las declaraciones de los arrepentidos Víctor Manzanares y Ernesto Clarens. Estos testimonios buscan aportar datos sobre el nexo entre los financistas y los empresarios involucrados en la trama.
En tanto, la Cámara Federal aceptó recientemente como querellante a Integridad Republicana, una asociación civil que podrá proponer pruebas y cuestionar resoluciones. Este movimiento se suma a la decisión de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi de convertir en acusadoras a las provincias de Mendoza y Chubut en noviembre pasado. La Sala I busca dar vida a un expediente que se considera abandonado.
Finalmente, el intercambio de información con Estados Unidos se reactivó en agosto de 2023 a través de la causa que tramita en Nueva York. El juez Lijo solicitó a la Corte estadounidense el envío del fallo de Loretta Preska, el cual fue correspondido en julio de 2024. En diciembre último, el magistrado puso en conocimiento de la jueza Preska la existencia de la investigación penal en Argentina.
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