Permanecer legalmente en Estados Unidos será más difícil con las nuevas reglas de Trump
Actualidad16/07/2026
REDACCIÓNLa Casa Blanca endurece los requisitos para acceder a la residencia permanente y limita el tiempo de estadía de estudiantes, periodistas y otros extranjeros.
Conseguir una residencia permanente o extender una permanencia legal en Estados Unidos exigirá cumplir condiciones más estrictas a partir de las nuevas disposiciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump. La administración republicana decidió avanzar con modificaciones que amplían el margen de decisión de las autoridades migratorias y reducen las posibilidades de permanencia para distintos grupos de extranjeros.
Las medidas serán publicadas esta semana en el Registro Federal y forman parte de una estrategia que la Casa Blanca comenzó a desarrollar el año pasado para reforzar los controles migratorios. El objetivo oficial consiste en reducir las oportunidades de permanecer legalmente en el país mediante un sistema donde buena parte de las decisiones quedará sujeta a la evaluación individual de los funcionarios de inmigración.
Uno de los cambios más relevantes entrará en vigencia el 18 de septiembre, cuando comience a aplicarse una norma que permitirá rechazar solicitudes de residencia permanente si los funcionarios consideran que el postulante podría transformarse en "una carga pública" por utilizar beneficios estatales. Esa evaluación también alcanzará a quienes tramiten visas de inmigrante y no puedan demostrar solvencia económica suficiente para residir en Estados Unidos sin recurrir a programas públicos.
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La política amplía criterios que ya habían sido utilizados durante el primer mandato de Trump entre 2017 y 2021. En ese período quedaron excluidos de la posibilidad de acceder a la residencia permanente inmigrantes que solicitaron asistencia para alimentación, vivienda o atención médica, incluidos programas como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP).
El Gobierno estadounidense también había incorporado restricciones para solicitantes con enfermedades crónicas, entre ellas cáncer y obesidad. La administración sostuvo que esas personas podrían depender posteriormente del sistema público de salud, criterio que pasó a formar parte de las evaluaciones migratorias para determinados trámites.
Las modificaciones alcanzan además a quienes intentan regularizar su situación migratoria dentro del país. Desde mayo, los inmigrantes indocumentados que buscan un ajuste de estatus deben completar ese procedimiento mediante el trámite consular en las embajadas estadounidenses ubicadas en sus países de origen, una exigencia que implica abandonar Estados Unidos antes de continuar el proceso y afrontar posibles dificultades antes de obtener una resolución.
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Otro de los cambios impactará sobre distintas categorías de visas temporarias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) resolvió reducir el tiempo máximo de permanencia para titulares de visas F, destinadas a estudiantes universitarios; J, correspondientes a programas de intercambio; e I, otorgadas a representantes de medios de comunicación extranjeros.
Las visas F y J quedarán limitadas a un máximo de cuatro años por cada período de admisión. En tanto, los periodistas que ingresen con visa I podrán permanecer hasta 240 días, con posibilidad de solicitar prórrogas, mientras que los titulares de pasaporte chino tendrán un límite de 90 días. Aunque seguirá existiendo la opción de pedir extensiones, quienes permanezcan bajo esas categorías deberán iniciar ese trámite con mayor frecuencia.
La administración republicana justificó las nuevas disposiciones al señalar que buscan reducir la población indocumentada. Según el DHS, parte de los beneficiarios de visas de intercambio y de estudio permanecieron ilegalmente en Estados Unidos después del vencimiento de sus autorizaciones debido a la flexibilidad del sistema vigente hasta ahora. En paralelo, organizaciones defensoras de los inmigrantes advirtieron que las modificaciones aumentan el riesgo de decisiones discriminatorias, mientras el Ejecutivo ordenó que cada solicitud sea evaluada caso por caso considerando toda la información disponible antes de resolver el otorgamiento de un beneficio migratorio.
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