
Venezuela deberá reconstruir ciudades dañadas con un Estado sin fondos ni confianza
PODCASTS Radio Francia Internacional23/07/2026
REDACCIÓNEl doble terremoto dejó miles de muertos, refugios colmados y pérdidas estimadas en US$37.000 millones, frente a un fondo estatal inicial de US$200 millones.

La brecha entre los recursos disponibles y el costo previsto de las obras expone el primer límite de la reconstrucción venezolana. El podcast En Primera Plana, de Radio Francia Internacional, situó las pérdidas directas del doble terremoto en unos US$37.000 millones, aunque aclaró que se trata de estimaciones internacionales todavía no confirmadas por el gobierno. Frente a esa cifra, el Estado puso en marcha un fondo inicial de US$200 millones y creó la misión Venezuela Renace, encargada de organizar los trabajos posteriores a la emergencia.
La discusión financiera convive con una situación humanitaria que todavía no logró cerrarse. Durante el programa se mencionaron 3.899 fallecidos, miles de damnificados alojados en escuelas y centros deportivos y familias que permanecen fuera de edificios dañados por temor a nuevos derrumbes. “Familiares nos han dicho que quieren identificarlos y darles sepultura, y que no sean retirados como basura junto a los escombros cuando los terrenos comiencen a ser limpiados con maquinaria pesada”, explicó desde Caracas el corresponsal de RFI Víctor Amaya. El suministro de agua potable, alimentos preparados y elementos de higiene continúa entre las necesidades principales de los refugios.


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La magnitud de las pérdidas abrió una segunda discusión, vinculada con la capacidad del Estado para administrar dinero, contratar obras y garantizar que la ayuda llegue a los sectores afectados. La investigadora Yoletty Bracho vinculó esas dificultades con un deterioro institucional previo a los terremotos. “El estado venezolano está fragilizado, está fragmentado, está prácticamente, digamos, patrimonializado, y eso tiene consecuencias en la gestión ahora”, sostuvo. Esa debilidad se combina con la desconfianza acumulada por una respuesta inicial que los participantes del podcast describieron como lenta y descoordinada.
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El fondo de US$200 millones representa una porción mínima frente a la estimación de daños difundida durante el programa. Amaya señaló que las autoridades venezolanas todavía no presentaron un cálculo propio sobre el dinero necesario y que Transparencia Venezuela habilitó un portal para seguir los recursos destinados a la asistencia y la reconstrucción. El gobierno también pidió levantar sanciones internacionales y convocó al sector privado para acelerar la construcción de viviendas destinadas a las familias que perdieron sus hogares.
El colapso de edificios dejó además bajo revisión el cumplimiento de las normas de construcción. Venezuela cuenta con regulaciones sísmicas actualizadas luego del terremoto de Caracas de 1967 y revisadas después de la tragedia de Vargas de 1999, pero los especialistas reclaman estudios sobre materiales, permisos y fallas estructurales. “Sí la hay, y de alguna manera no tan antigua. Fue actualizada en 1967, luego del terremoto de ese año en Caracas, también revisada tras la vaguada trágica de Vargas de 1999”, respondió Amaya al ser consultado sobre la normativa. Las dudas incluyen tanto edificios construidos por programas estatales como emprendimientos inmobiliarios privados levantados en áreas vulnerables de La Guaira.
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La recuperación petrolera aparece como una de las pocas fuentes capaces de aportar divisas en el corto plazo. Diana Buitrago citó datos de la OPEP que mostraban un incremento del 28% en el bombeo entre enero y mayo, pero advirtió que la producción todavía permanece por debajo de su capacidad máxima. “El petróleo va a jugar una parte, pero no será suficiente”, señaló la periodista venezolana. La reconstrucción obligará así a combinar ingresos energéticos, créditos internacionales, aportes privados y una posible reestructuración de la deuda.
Ese esquema financiero estará condicionado por la tutela que Estados Unidos mantiene sobre Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en enero de acuerdo con el relato presentado por RFI. La administración de los ingresos petroleros y el reparto de la factura entre Washington y Caracas forman parte de una discusión que también involucra soberanía, legitimidad política y endeudamiento. Bracho planteó que una eventual recuperación democrática debería incluir una revisión de las obligaciones contraídas por gobiernos considerados ilegítimos, mientras los demás participantes remarcaron que los organismos internacionales exigirán interlocutores reconocidos y mecanismos transparentes.
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El dinero tampoco resolverá por sí solo la falta de profesionales necesarios para evaluar estructuras, reparar servicios y dirigir proyectos de vivienda. La emigración de médicos, ingenieros, gerentes y técnicos redujo durante años la capacidad operativa del país, aunque las redes organizadas fuera de Venezuela comenzaron a cubrir parte de esas carencias durante la emergencia. “Venezuela puede contar con su diáspora”, afirmó Buitrago al describir los centros de acopio, las traducciones a distancia y la recepción de equipos extranjeros. El programa destacó también el trabajo de 85 rescatistas franceses y la asistencia enviada por distintos países latinoamericanos.
La próxima etapa dependerá de que el gobierno determine cuánto costarán realmente las obras y publique cómo utilizará cada recurso. Hasta que exista una estimación oficial, la reconstrucción seguirá apoyada en un fondo que equivale a una fracción de las pérdidas calculadas, con miles de familias alojadas fuera de sus viviendas y pedidos pendientes para investigar por qué tantos edificios incumplieron su función básica de resistir. La remoción de escombros, la construcción de hogares permanentes y las auditorías técnicas definirán ahora si la respuesta estatal puede superar la fase de emergencia.
Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional















