En una votación que contó con 37 votos a favor y 29 en contra, la Cámara de Senadores de Argentina aprobó en una madrugada recientes modificaciones propuestas por el kirchnerismo a la Ley de Alquileres. Estos cambios, que ahora pasan a la Cámara de Diputados para su revisión final, han desencadenado un debate acalorado sobre su impacto en el mercado inmobiliario en medio de una situación económica y social compleja.

La votación reflejó divisiones políticas, ya que el kirchnerismo y el bloque de Unidad Federal respaldaron las modificaciones, mientras que Juntos por el Cambio votó en contra, deseando aprobar el proyecto original para implementar las reformas lo antes posible.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos, destacó la importancia de abordar la situación de los inquilinos y defendió las propuestas del oficialismo. Sin embargo, también reconoció que la modificación actual podría generar incertidumbre y paralizar los contratos de alquiler.

Por otro lado, el senador radical Martín Lousteau argumentó que, aunque es importante proteger al inquilino, intervenir demasiado en las relaciones contractuales podría tener efectos negativos. Cuestionó particularmente el índice que regula los precios de alquiler y expresó preocupación por su impacto en un contexto inflacionario.

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En un contexto donde la oferta de departamentos en alquiler en Buenos Aires se ha reducido a menos de 450 unidades y los precios han aumentado significativamente, la reforma de la Ley de Alquileres ha cobrado una gran relevancia.

Se han presentado dos propuestas principales para abordar la problemática del mercado de alquileres. La propuesta impulsada por la oposición aboga por contratos de dos años con libertad para elegir el índice de ajuste. Por otro lado, la iniciativa oficialista propone contratos de tres años con ajustes semestrales basados ​​en el índice Casa Propia.

Sin embargo, es importante destacar que, hasta que se aprueben los cambios finales en el Congreso, los contratos de alquiler continuarán rigiéndose por las condiciones establecidas en junio de 2020, incluyendo contratos a tres años con ajustes basados ​​en el Índice de Contratos de Locación ( LCI).

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La reforma busca incentivar la oferta de propiedades en alquiler y permitir que los precios se ajusten de manera más acorde con la demanda del mercado. Sin embargo, existen preocupaciones de que estos cambios puedan agravar la crisis actual y reducir aún más la oferta formal de alquileres.

La versión final de la Ley de Alquileres en Argentina seguirá siendo objeto de discusión y negociación en la Cámara de Diputados, y su implementación tendrá un impacto significativo en inquilinos y propietarios en un mercado inmobiliario en constante evolución.