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No acataron una resolución judicial que retrotrajo los aumentos. Además se les aplicó una multa diaria de 30 mil pesos por cada día de incumplimiento.
Actualidad 21 de mayo de 2024La fiscal federal Alejandra Obregón ha dado luz verde a una denuncia penal por desobediencia presentada por un grupo de clientes de prepagas en Mendoza. Los denunciantes, representados por los abogados Jorge Caloiro y Marcos González Landa, acusan a los gerentes de ocho empresas de salud privadas de incumplir una orden judicial que les obligaba a recalcular las cuotas aumentadas y a mantener la prestación de servicios médicos.
Contexto de la Denuncia
La causa, que está en manos de la Justicia Federal y ha sido trasladada al fuero Penal, se originó tras una decisión del juez Pablo Quirós. Este magistrado aceptó varias acciones de amparo contra el decreto presidencial 70, el cual provocó aumentos significativos en las cuotas de las prepagas a comienzos de 2024. Quirós ordenó a las empresas OSDE, Swiss Medical, Medicus, Medifé, OMINT, Galeno, la Obra Social YPF y Prevención Salud que recalcularan las cuotas y mantuvieran sus servicios, pero esta directiva no fue cumplida, según los denunciantes.
Detalles de la Denuncia
Las denuncias fueron presentadas por 31 clientes, de los cuales 11 se dirigieron específicamente contra la gerencia local de OSDE. La denuncia acusa a los gerentes, directivos y delegados locales de las prepagas de desobedecer la orden judicial emitida en febrero de 2024. La acción judicial pide que los responsables sean imputados y que se les apliquen multas de $30,000 por cada día de infracción al artículo 239 del Código Penal.
En su escrito, la fiscal Obregón resalta que los denunciantes argumentan que las medidas cautelares no han sido cumplidas, lo que ha puesto a los afectados en una situación de hipervulnerabilidad, especialmente a aquellos con enfermedades graves.
Impacto en los Clientes
Los aumentos en las cuotas de las prepagas han tenido un impacto significativo en los clientes, muchos de los cuales se encuentran en una situación crítica debido a la suspensión de servicios médicos. Los demandantes, a través de sus abogados, han señalado que la desobediencia de las empresas ha afectado gravemente a personas mayores y a pacientes con enfermedades terminales, quienes dependen crucialmente de estos servicios.
Respuesta de las Prepagas
Hasta el momento, las empresas de salud mencionadas no han emitido declaraciones oficiales en respuesta a la denuncia. Sin embargo, el sector de las prepagas ha argumentado previamente que los aumentos en las cuotas son necesarios para cubrir los costos crecientes de los servicios médicos y las innovaciones en tratamientos.
La orden judicial del juez Quirós, que busca frenar estos aumentos, está en proceso de evaluación para determinar su constitucionalidad. Mientras tanto, los clientes afectados continúan enfrentando dificultades para acceder a los servicios de salud esenciales.
Repercusiones Legales y Sociales
El respaldo de la fiscal Obregón a la denuncia penal marca un paso significativo en la defensa de los derechos de los consumidores de servicios de salud en Argentina. La medida también subraya la importancia de cumplir con las directivas judiciales y garantiza que las empresas de salud privada sean responsables ante la ley.
El caso avanza en el ámbito judicial con la expectativa de que se tomen medidas efectivas para proteger a los usuarios de prepagas en Mendoza y en todo el país. La intervención de la fiscalía y la potencial imputación de los gerentes de las empresas implicadas son señales de que el sistema judicial está dispuesto a actuar para garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos.
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