TRANSFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS EN SOCIEDAD ANÓNIMA
La Administración General de Puertos cambia su estructura jurídica a Sociedad Anónima Unipersonal. La decisión marca un nuevo rumbo en la gestión portuaria.
Actualidad16/12/2024
REDACCIÓN
puerto contenedores
El cambio permite al Ministerio de Economía asumir el control total como único accionista. Este modelo busca optimizar la administración de los puertos nacionales.
La entidad conservará su enfoque en la explotación portuaria. Incluye actividades accesorias como puertos secos y centros logísticos. La integración de nodos multimodales es otro de sus objetivos.
El capital inicial es de 30 millones de pesos. Está dividido en certificados exclusivos del Estado Nacional. Cada certificado tiene un valor nominal de 30 mil pesos.
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El directorio estará conformado por hasta tres titulares. Los integrantes serán designados por la Asamblea con un mandato de tres años. También habrá suplentes que acompañen la gestión.
La representación legal recaerá en el presidente del directorio. En caso de ausencia, el vicepresidente o un director designado asumirá el rol. La estructura refuerza la toma de decisiones.
La fiscalización estará a cargo de tres síndicos titulares. Estos serán designados por la Asamblea junto con sus suplentes. Su mandato también será de tres ejercicios.
OTRAS NOTICIAS:
Gastón Alejo Benvenuto seguirá como interventor. Fue ratificado en su cargo por el Decreto 26/2024. Su continuidad busca dar estabilidad al proceso de transformación.
La asamblea de octubre de 2023 designó a los síndicos actuales. Miriam Lariguet, Gabriela Rodríguez y Alejandro Roisentul Williams lideran la fiscalización. Sus suplentes también permanecen en sus funciones.
El Ministerio de Economía tendrá control total de la entidad. El modelo de Sociedad Anónima Unipersonal garantiza el manejo exclusivo estatal. Se descartan participaciones privadas en el capital social.
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La nueva estructura permitirá mayor flexibilidad operativa. Los expertos destacan el potencial de este formato en organismos estatales. Sin embargo, se mantiene el control estatal sobre todas las decisiones.
El decreto de ratificación refuerza la continuidad administrativa. La intervención busca consolidar la transición hacia la nueva estructura. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.
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