




Desde el 1° de diciembre, los jubilados y excombatientes de Puerto Madryn enfrentan una situación alarmante. El PAMI asignó el servicio de emergencias a una empresa sin sede en la ciudad, dejando a los afiliados sin atención local.
Juan Altamirano, socio gerente del Servicio de Emergencias Puerto (SEP), denunció que el cambio de prestador se realizó "sin notificación formal ni justificación alguna." Según Altamirano, no hubo carta documento ni aviso oficial.
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La nueva empresa designada no cuenta con operatividad en Puerto Madryn. "Los afiliados deben llamar a un número 0-800 en Buenos Aires, pero la demora en la respuesta pone en riesgo vidas," afirmó Altamirano.
El sistema público local, incluido el hospital, está absorbiendo las emergencias, lo que genera una sobrecarga insostenible. "El hospital asiste por una cuestión humanitaria, pero no debería ser así," explicó Altamirano.
El empresario calificó la situación como un "curro," acusando que se asignó el contrato a una empresa inexistente en la región. Según Altamirano, la decisión fue tomada a nivel central, en Buenos Aires, sin conocer la realidad local.
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"Las decisiones se toman a 1.500 kilómetros sin evaluar el impacto en nuestra comunidad," criticó Altamirano. La desconexión entre las autoridades y las necesidades locales complica la atención sanitaria.
Los jubilados y excombatientes, una población especialmente vulnerable, manifestaron su descontento. "No es un favor; es un derecho que pagaron durante toda su vida laboral," subrayó Altamirano.
El SEP, con 32 años de trayectoria en Puerto Madryn, nunca recibió sanciones por parte del PAMI. "Somos una empresa local con historia y compromiso," destacó Altamirano, quien señaló que el SEP emplea a 100 trabajadores y prioriza proveedores locales.
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El cambio en la prestación también afecta a los médicos, que enfrentan la falta de recursos humanos en la Patagonia. "Debemos atraer profesionales de otras regiones, lo que implica sacrificios personales para ellos y sus familias," explicó.
Altamirano denunció que la decisión de PAMI fue comunicada de manera informal. "Nos enteramos por los afiliados, quienes llamaron al PAMI y descubrieron que no había servicio," relató.
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La falta de información agrava la incertidumbre entre los afiliados, quienes sienten que sus reclamos no son escuchados. "Sus quejas llegan hasta un punto y no trascienden," lamentó el empresario.
Altamirano instó a las autoridades a revisar esta decisión. "La salud de los jubilados y excombatientes está en juego," enfatizó. Según el empresario, el PAMI debe dar explicaciones y garantizar un servicio eficiente.



