STJ EN LA CORDILLERA
En respuesta a la emergencia ígnea que afecta a diversas localidades de la cordillera chubutense, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut dispuso mediante el Acuerdo Plenario N° 5383/2025 la eximición del pago de trámites judiciales para los habitantes damnificados. La medida apunta a aliviar la situación de las personas afectadas y facilitar la gestión de trámites esenciales.
La normativa autoriza a los Jueces de Paz de Epuyén, Lago Puelo, Cholila, El Maitén, El Hoyo y Cushamen a eximir a los damnificados del pago de trámites judiciales, de acuerdo con los alcances del Decreto N° 47/2025, que declaró el Estado de Emergencia Ígnea en la zona cordillerana.
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Además, se exceptúa a las autoridades judiciales de las Circunscripciones Judiciales N° V y VII, con sede en Esquel y Lago Puelo, de la obligación de solicitar:
Presentación de DNI para trámites como solicitudes de subsidios, duplicados de documentos, registros de antecedentes penales, certificados de marcas y señales, entre otros.
La decisión busca agilizar los trámites necesarios para las personas damnificadas por los incendios forestales que han devastado propiedades y áreas naturales, especialmente en la localidad de Epuyén y sus alrededores. En palabras de los magistrados, se busca garantizar que las autoridades judiciales puedan actuar como facilitadoras en este contexto de emergencia.
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En el marco de esta disposición, los ministros del Superior Tribunal, Javier Raidan y Camila Banfi Saavedra, se reunieron este domingo 19 de enero con los jueces de paz de las localidades afectadas. Durante el encuentro, se acordaron acciones conjuntas para atender la alta demanda de trámites vinculados a la emergencia.
El grupo de trabajo está compuesto por los jueces y juezas de paz:
Epuyén: Juan Carlos Huaiquil y Juan Carlos Corrías.
Cholila: Nancy Evangelina Díaz.
Cushamen: Rodrigo Luis Tureo.
Lago Puelo: Iván Rogelio Méndez.
El Maitén: Wilma Inés Peña.
El Hoyo: Mónica Beatriz Trangol.
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Con esta medida, el Poder Judicial de Chubut se compromete a garantizar un acceso más ágil a la justicia para las personas afectadas por los incendios, priorizando la asistencia y recuperación de las comunidades damnificadas. Además, refuerza la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas judiciales y gubernamentales para atender esta crisis.
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