
VILLARRUEL CONTRA EL ABORTO: “OFRECERLO ES ABANDONARSE A LA MEDIOCRIDAD"
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El Gobierno reconoció que fue un "error" la inclusión de términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" en una normativa publicada en el Boletín Oficial.
Actualidad28/02/2025La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que se conociera que en una normativa oficial utilizó terminología obsoleta y discriminatoria para referirse a personas con discapacidad intelectual. El documento, publicado el 16 de enero en el Boletín Oficial, incluía expresiones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, lo que desató una ola de críticas de especialistas, asociaciones de familiares y pacientes.
Ante el escándalo, el Gobierno admitió el error y anunció que modificará la Resolución 187/2025, asegurando que se tratará de alinear la terminología con los estándares internacionales establecidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
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El anexo de la resolución, titulado "Normativa para la evaluación médica de invalidez para las pensiones no contributivas", detallaba una clasificación de grados de discapacidad intelectual, pero utilizaba términos que, si bien fueron empleados en el pasado en medicina psiquiátrica, han quedado en desuso por considerarse ofensivos.
Las expresiones figuraban dentro de una tabla de coeficientes intelectuales, donde a valores inferiores a 30 se los denominaba "idiota", a los comprendidos entre 30 y 50, "imbécil", y a aquellos entre 50 y 60, "débil mental".
El documento también contenía descripciones obsoletas sobre las capacidades de las personas dentro de cada categoría, reforzando un enfoque exclusivamente biomédico de la discapacidad, sin considerar los determinantes sociales y psíquicos.
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Las reacciones no tardaron en llegar. Asociaciones como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) pidieron una inmediata rectificación y denunciaron el uso de un lenguaje inadecuado y discriminatorio.
El psiquiatra infantil Javier Indart de Arza, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostuvo que “nada justifica el uso de esos términos”, y subrayó que en la actualidad la clasificación médica reemplazó esa terminología por términos más precisos y respetuosos, como discapacidad intelectual leve, moderada o grave.
Por su parte, Alberto Trímboli, ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental, advirtió que el texto implicaba un retroceso en la concepción de la discapacidad, volviendo a un modelo exclusivamente biomédico, superado en la mayoría de los países.
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Tras la fuerte repercusión, la ANDIS emitió un comunicado aclarando que la publicación de los términos fue un error involuntario, y aseguró que la resolución será modificada de inmediato para evitar el uso de lenguaje desactualizado y ofensivo.
"Desde la Agencia Nacional de Discapacidad queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", señaló el organismo en un comunicado oficial.
Además, aclararon que la corrección no afectará los criterios de evaluación, sino que únicamente actualizará la terminología para que se ajuste a las normativas internacionales.
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Si bien la rectificación fue bien recibida, el episodio generó preocupación en el ámbito de la salud y los derechos humanos, ya que evidenció fallas en el control de los documentos oficiales y puso en debate el enfoque del Gobierno respecto a la discapacidad.
Las asociaciones advirtieron que no se trata solo de cambiar palabras, sino de garantizar que la legislación refleje un modelo social de la discapacidad, basado en la inclusión, la dignidad y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
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