UN JUEZ BLOQUEÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANES A MANIFESTANTES Y EL GOBIERNO APELARÁ

El Ministerio de Capital Humano presentará un recurso para revertir la medida cautelar que impide dar de baja los planes sociales a manifestantes. El fallo fue emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, tras un amparo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Desde el Gobierno consideran que la resolución favorece los bloqueos y la alteración del orden público.

La medida judicial frena la aplicación de la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano. Dicha normativa establecía que quienes interrumpieran el tránsito o incurrieran en actos violentos perderían el acceso a los programas "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social". El Gobierno había impulsado estos cambios como parte de una reforma en la asistencia social.

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El juez Cormick fundamentó su decisión en la falta de un procedimiento administrativo para garantizar el derecho de defensa de los beneficiarios. Según el fallo, la suspensión inmediata de los planes podría generar "un daño irreparable" en personas en situación de vulnerabilidad. Además, cuestionó la falta de criterios claros en otras disposiciones de la resolución.

Uno de los puntos más polémicos es la cláusula que excluye a quienes hayan viajado al exterior. El magistrado sostuvo que la norma es discrecional y que no establece parámetros objetivos para definir qué viajes justificarían la baja de un beneficiario. También criticó la incompatibilidad por el uso de tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

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Desde el Ministerio de Capital Humano rechazan los argumentos del juez y aseguran que la resolución es legítima. Afirmaron que "el derecho a ser oído no se encuentra restringido" y que la suspensión de los planes responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley. Consideran que la decisión del magistrado es una concesión a las organizaciones sociales.

El Gobierno insiste en que los programas sociales no deben ser utilizados como herramienta de presión. Sostienen que muchas marchas y acampes son organizados por dirigentes que se benefician del manejo discrecional de la asistencia estatal. Según la Casa Rosada, la eliminación de intermediarios es clave para evitar abusos y extorsiones.

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El fallo también fue criticado por funcionarios que sostienen que avala los cortes de calles. Desde el Ejecutivo consideran que la condición de vulnerabilidad no justifica la participación en protestas que afecten derechos de terceros. En este sentido, aseguran que la medida cautelar perjudica a quienes se ven afectados por los bloqueos.

El ministerio que encabeza Sandra Pettovello buscará restablecer los artículos suspendidos mediante una apelación. La presentación judicial se realizará luego del feriado de carnaval y se espera que la Cámara Contenciosa resuelva en los próximos días. La decisión final podría definir el alcance de las modificaciones en la asistencia social.

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El Gobierno de Javier Milei implementó el programa "Volver al Trabajo" en reemplazo de "Potenciar Trabajo". El nuevo esquema apunta a mejorar la empleabilidad mediante capacitaciones y apoyo a emprendimientos. En paralelo, "Acompañamiento Social" busca brindar asistencia a sectores en situación de extrema vulnerabilidad.

La reforma de planes sociales incluyó la eliminación de las Unidades de Gestión. Esta medida buscó evitar que las organizaciones sociales tuvieran control sobre los beneficiarios. De esta forma, se intentó evitar presiones para participar en marchas a cambio de mantener los beneficios.

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Desde la cartera de Capital Humano remarcaron que el monto de los planes quedó fijado en 78.000 pesos y ya no está vinculado al salario mínimo, vital y móvil. Este cambio significó una reducción en términos reales de los ingresos de muchos beneficiarios.

El protocolo antipiquetes, implementado por el Ministerio de Seguridad, generó un impacto en la dinámica de las protestas. Desde diciembre de 2023, las movilizaciones fueron monitoreadas de cerca por las fuerzas de seguridad. Esta política redujo significativamente la cantidad de bloqueos en la Ciudad de Buenos Aires.