BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIDAD: EL OFICIALISMO ACELERA EL DEBATE

El oficialismo busca avanzar con el debate sobre la baja de edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados. La iniciativa recobró impulso tras el brutal asesinato de Kim Gómez en La Plata, un caso que conmovió a la sociedad y reabrió el debate sobre la responsabilidad penal juvenil. La discusión será abordada en conjunto por varias comisiones parlamentarias.

La diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, confirmó que el plenario se reunirá el próximo miércoles 12 para debatir el tema. La reunión contará con la participación de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. "El nuevo Régimen Penal Juvenil es una prioridad para ponerle fin a la impunidad", afirmó la legisladora, subrayando la necesidad de establecer un marco legal más estricto para los menores que cometan delitos graves.

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El presidente Javier Milei había pedido explícitamente en la apertura de sesiones ordinarias que el Congreso avance en este sentido. Desde el oficialismo sostienen que no se puede seguir postergando una decisión fundamental para combatir la inseguridad. "Necesitamos aprobar la ley para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos, paguen las consecuencias como adultos", sostuvo el mandatario.

El asesinato de Kim Gómez involucra a dos menores de 14 y 17 años, lo que reavivó la discusión sobre la edad mínima de imputabilidad. Desde el Gobierno consideran que la normativa actual es obsoleta y que impide sancionar a quienes, pese a su edad, actúan con plena conciencia de sus actos delictivos. En ese contexto, el oficialismo intentará establecer un plan de trabajo que permita emitir dictamen y avanzar con el proyecto de reforma.

Actualmente, en la Cámara de Diputados hay 12 proyectos presentados sobre la baja de edad de imputabilidad, pertenecientes a diferentes bloques políticos. El del Poder Ejecutivo, impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia, propone reducirla a 13 años. Además de penas de prisión, el proyecto contempla sanciones alternativas como amonestaciones, restricciones de contacto con las víctimas, monitoreo electrónico y la prohibición de salir del país o del lugar de residencia.

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Este nuevo régimen no solo plantea un esquema punitivo, sino que también incorpora medidas de resocialización. Se prevé la creación de programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario. También se establecerá la figura del supervisor, quien se encargará de guiar y acompañar a los jóvenes infractores en su proceso de rehabilitación. El gobierno busca equilibrar castigo con reinserción social, promoviendo un sistema que combine justicia y oportunidad de cambio.

Sin embargo, el debate en el Congreso será complejo. El plenario de las cuatro comisiones que deben emitir dictamen está compuesto por 113 diputados, que totalizan 142 firmas, ya que algunos legisladores integran más de una comisión. Para lograr el dictamen, se requieren 72 adhesiones, una meta difícil de alcanzar debido a la resistencia de la oposición.

El kirchnerismo, principal bloque opositor, rechaza mayoritariamente la iniciativa. Unión por la Patria cuenta con la mayor cantidad de representantes en las comisiones involucradas y ha expresado su negativa a modificar la edad de imputabilidad. Además, criticaron la postura del presidente Milei respecto a una posible intervención en la provincia de Buenos Aires tras los recientes hechos de inseguridad, incluyendo el asesinato de Kim Gómez.

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Desde el oficialismo aseguran que el actual régimen penal juvenil es insuficiente y que deja a la sociedad en una situación de vulnerabilidad. La diputada Rodríguez Machado insistió en que "no podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican", reiterando la necesidad de actuar con celeridad para modificar el marco legal vigente.

El año pasado, la Cámara de Diputados realizó siete reuniones informativas sobre el tema, en las que participaron 26 especialistas. Entre ellos, juristas, representantes de organizaciones civiles y neurólogos que analizaron la madurez de los menores a la hora de cometer delitos. A pesar de los debates previos, el proyecto no logró consenso y quedó relegado. Ahora, con el respaldo del Ejecutivo, el oficialismo intentará impulsarlo nuevamente con la intención de obtener dictamen y llevarlo al recinto.

El debate sobre la baja de edad de imputabilidad no es nuevo en Argentina. En varias ocasiones se han impulsado reformas similares, pero los proyectos nunca lograron avanzar en el Congreso. Para el oficialismo, la diferencia en esta oportunidad radica en la urgencia del problema y en el respaldo del Gobierno nacional a la iniciativa.

A medida que se acerque la fecha del debate, se espera un intenso cruce de posturas en la Cámara de Diputados. La inseguridad sigue siendo un tema central en la agenda política y el oficialismo intentará capitalizar el contexto para aprobar la reforma. El desafío será conseguir el apoyo necesario para sortear la oposición y lograr que el proyecto avance en el Congreso.