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El Senado se convirtió en el epicentro de una nueva disputa política en torno a la Corte Suprema. El peronismo busca impedir la designación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, los jueces propuestos por Javier Milei. Para ello, intenta reunir las firmas necesarias que permitan tratar el tema en el recinto.
La estrategia del kirchnerismo apunta a sostener el dictamen de rechazo firmado por sus senadores. José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, es cuestionado por avalar el documento sin haber estado en la audiencia pública. Sin embargo, desde su sector aseguran que el reglamento no exige la presencia de los firmantes.
El dictamen de García-Mansilla fue presentado con el respaldo de siete senadores peronistas. A ellos se sumaron Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, quienes también impulsan el rechazo. Consideran que el jurista "mintió abiertamente" al aceptar una designación por decreto tras haber asegurado que no lo haría.
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El caso de Lijo es distinto, ya que su pliego cuenta con dictamen favorable desde hace seis meses. El peronismo apunta a que, si logra voltear el nombramiento de García-Mansilla, también podría bloquear el del juez federal. Para eso, necesita una firma más en la Comisión de Acuerdos.
Dentro de la UCR, la situación genera tensiones entre distintos sectores del bloque. Algunos senadores radicales coinciden en rechazar los pliegos, pero temen quedar alineados con el kirchnerismo. La decisión final dependerá de un delicado equilibrio interno.
El Gobierno busca sostener a sus candidatos con apoyo de legisladores aliados. El oficialismo necesita evitar que la oposición consiga la mayoría necesaria para rechazar las nominaciones. Si el Senado bloquea los pliegos, el Ejecutivo podría sostener los nombramientos a través de decretos.
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La presión aumenta mientras se acerca la posibilidad de una sesión especial. Si el peronismo consigue la firma que falta, el tema será tratado en el recinto en los próximos días. La decisión quedará en manos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien define el calendario parlamentario.
La Casa Rosada tiene en juego más de 200 pliegos judiciales que dependen de acuerdos políticos. Desde el peronismo insisten en que están dispuestos a "negociaciones serias" con el oficialismo. Sin embargo, la oposición advierte que no aceptará nombramientos impuestos por decreto.
En reuniones privadas, senadores peronistas recordaron su advertencia al Gobierno meses atrás. "Si designan jueces por decreto, vamos a rechazar los pliegos", habían firmado en un documento interno. Ahora, el desafío será sostener esa postura en una votación clave.
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Si la oposición consigue el rechazo en el Senado, el Gobierno podría recurrir a otra estrategia. Mientras siga vigente el decreto de nombramiento, los jueces podrían continuar en funciones hasta fin de año. Esto dejaría abierta la disputa legal sobre su legitimidad.
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