PROMULGARON LA LEY ANTIMAFIAS Y ENDURECEN LAS PENAS

A pocos días del inicio de las sesiones ordinarias, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”. La normativa busca desarticular las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y la extorsión. Con su publicación en el Boletín Oficial, la norma ya entró en vigor.

El texto legal establece que una organización criminal se conforma cuando al menos tres personas operan de manera concertada para cometer delitos graves. Además, permite declarar ciertas zonas como “sujetas a investigación especial” para facilitar la acción judicial. Los fiscales federales contarán con el apoyo de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.

Uno de los cambios más significativos es el endurecimiento de penas para los miembros de estas estructuras delictivas. Las condenas para quienes participen de una organización criminal oscilarán entre 8 y 20 años de prisión. La ley elimina la diferenciación de penas según el rol dentro de la banda.

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La normativa fue inspirada en legislaciones de otros países con fuerte combate al crimen organizado. Tomó como referencia la Ley RICO de Estados Unidos y el modelo antimafia de Italia. Ambas iniciativas demostraron ser eficaces en la lucha contra redes delictivas complejas.

La Ley Antimafias fue la última iniciativa tratada en las sesiones extraordinarias del Congreso. El Senado aprobó la norma con 38 votos del oficialismo y de un sector de la oposición dialoguista. La bancada kirchnerista, en su mayoría, abandonó el recinto antes de la votación para evitar una fractura interna.

Durante el debate, la senadora radical Carolina Losada destacó el impacto que tendrá esta normativa. "Estamos dando una batalla muy dura contra el narcotráfico y esta ley va a ser fundamental", afirmó. Sostuvo que el enfoque sobre toda la estructura delictiva es un avance en materia de seguridad.

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Desde el kirchnerismo, el senador Oscar Parrilli criticó la iniciativa por considerar que invade atribuciones provinciales. "Este proyecto se mete en la autoridad jurisdiccional de cada gobernador", cuestionó. Sin embargo, desde otros sectores aseguraron que la ley fue trabajada con aportes de todas las bancadas.

En la misma sesión, el Senado aprobó otra legislación clave en materia de seguridad. Se trata de la Ley de Reiterancia, que busca terminar con la "puerta giratoria" de delincuentes reincidentes. La norma establece penas acumulativas para quienes cometan delitos en reiteradas ocasiones.

El nuevo esquema legal establece que una persona será considerada reincidente si cuenta con dos o más condenas firmes. Los jueces deberán sumar las penas en vez de aplicar un criterio discrecional. Esto busca evitar que los delincuentes condenados por múltiples delitos reciban sanciones reducidas.

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La diferencia entre reiterancia y reincidencia también fue modificada en la legislación. Ahora, los jueces deberán considerar las imputaciones previas al dictar prisión preventiva. Esta modificación apunta a endurecer las condiciones para delincuentes con antecedentes.

Ambas leyes forman parte del paquete de reformas en seguridad impulsado por el Gobierno. El Ejecutivo busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y endurecer las sanciones para quienes reincidan en delitos graves. Con estas normativas, el Congreso dio un giro en su política penal.