Cámara de Diputados en el Congreso
En un contexto de creciente debate sobre la seguridad y la responsabilidad penal de los menores, el Gobierno de Javier Milei reabrirá este miércoles la discusión en el Congreso sobre la baja de la edad de imputabilidad.
La propuesta impulsada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, busca establecer un nuevo régimen penal juvenil, con un umbral mínimo de 13 años, aunque varios sectores opositores proponen fijarlo en 14 años.
El debate se dará en un plenario de comisiones que reúne a Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Familia, Niñez y Juventudes, liderado por la diputada del PRO Laura Machado. Allí, se intentará alcanzar un dictamen de mayoría que permita llevar el proyecto al recinto en busca de su aprobación.
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El oficialismo apuesta a generar fracturas dentro del bloque de Unión por la Patria (UP) para sumar votos favorables. Un sector del peronismo, liderado por el diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, presentó un proyecto propio que propone reducir la edad de imputabilidad a 14 años, diferenciándose del resto de su bancada.
"Desde 2014 que Massa plantea este tema", justifican desde su espacio. La iniciativa cuenta con el apoyo de otros cinco legisladores massistas y se enfoca en la necesidad de financiar la construcción de centros de internación adecuados para los menores en conflicto con la ley.
Desde el oficialismo creen que este grupo podría acompañar el proyecto del Ejecutivo si se acuerda establecer 14 años como edad mínima en lugar de 13.
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LOS PUNTOS IMPORTANTES DEL DEBATE
El Congreso analizará once proyectos distintos que coinciden en la necesidad de modificar el régimen actual. Entre los principales puntos en discusión se destacan:
🔹 Edad mínima de imputabilidad: El Ejecutivo propone 13 años, algunos sectores piden 12, pero la mayoría se inclina por 14 años.
🔹 Tipos de delitos alcanzados: Algunos proyectos establecen que solo serán imputables los menores que cometan delitos graves, como homicidios dolosos, violaciones, secuestros extorsivos o robos con armas.
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🔹 Tipos de sanciones: Se proponen medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, trabajo comunitario, prohibición de acercamiento a la víctima y monitoreo electrónico.
🔹 Condiciones de detención: Se busca garantizar que los menores no sean alojados con adultos y que sean destinados a institutos especializados.
🔹 Plazos de prisión: El Ejecutivo fija un máximo de 20 años, mientras que otros proyectos plantean límites de entre 10 y 15 años, dependiendo de la gravedad del delito.
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LOS ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA
Desde el oficialismo y sectores afines justifican la reforma argumentando que la ley actual es obsoleta y deja a los jueces sin herramientas para actuar en casos de menores peligrosos.
"Hoy existen menores que los jueces no pueden liberar por su nivel de peligrosidad, pero tampoco pueden imputarlos. Tenemos que definir desde qué edad nos vamos a ocupar de ellos y cómo", explicó la diputada Laura Machado.
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Por otro lado, los opositores a la iniciativa advierten que sin infraestructura adecuada, la reforma no resolverá el problema. "Los jueces van a seguir liberando a los menores si no tienen dónde alojarlos", sostienen legisladores de UP. También cuestionan que el proyecto del Gobierno no contempla la creación de nuevos organismos judiciales, sino que mantiene el fuero de menores vigente desde la dictadura.
El oficialismo buscará cerrar acuerdos para llevar la reforma al recinto con el respaldo suficiente. Aunque el Senado podría representar un obstáculo, en Diputados el panorama es más favorable, especialmente si logran sumar votos de legisladores del massismo y de algunos sectores de la UCR.
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