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La ley endurece penas para el narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. La normativa ya entró en vigencia y busca desarticular grandes organizaciones criminales.
Actualidad11/03/2025El decreto 177/2025 oficializó la ley 27.786, aprobada el 20 de febrero en sesiones extraordinarias.
El Congreso sancionó la ley con apoyo de todas las bancadas. PRO, UCR y legisladores provinciales respaldaron la iniciativa.
La norma establece penas más duras para quienes integren organizaciones criminales. El objetivo es desmantelar estructuras mafiosas.
Se castigará con entre 8 y 20 años de prisión a los involucrados. La pena dependerá de la gravedad del delito.
Las sanciones alcanzarán a quienes cooperen o faciliten la actividad de estos grupos.
La ley amplía la definición de organización delictiva. Un grupo de tres o más personas con delitos reiterados será considerado banda criminal.
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Se eliminarán las diferenciaciones según el rol dentro de la organización. Todos los miembros serán juzgados de la misma forma.
Se incorporan criterios para identificar estructuras delictivas. Se analizará el control territorial y la reiteración de delitos.
El Código Penal fue modificado con nuevos artículos. Se endurecen las penas por narcotráfico y trata de personas.
Las organizaciones que ejerzan violencia o amenazas también serán castigadas con mayor severidad.
El Gobierno busca agilizar los procesos judiciales contra las mafias. Se espera que la nueva normativa mejore la eficacia en la persecución penal.
La ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en todo el país. Se endurecen sanciones para delitos financieros vinculados al lavado de dinero.
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La normativa se inspira en modelos internacionales de combate a la delincuencia. Otros países aplicaron medidas similares con éxito. El narcotráfico y la trata de personas figuran entre los delitos más perseguidos. Las penas aumentarán si hay explotación infantil. La nueva legislación también establece controles más estrictos para prevenir la corrupción. Funcionarios que encubran delitos serán sancionados.
Las fuerzas de seguridad contarán con herramientas legales más eficaces. Se busca mejorar la cooperación entre organismos de investigación.
La Justicia podrá intervenir comunicaciones y bienes de los investigados. Se agilizarán procedimientos para confiscar activos provenientes del crimen.
Los especialistas en derecho penal celebraron la aprobación de la ley. Consideran que es un avance en la lucha contra el crimen organizado.
Los sectores críticos advierten sobre posibles abusos judiciales. Organismos de derechos humanos piden garantías en la aplicación de la normativa.
La oposición cuestionó la falta de medidas complementarias. Piden mayor inversión en prevención y políticas sociales. El debate sobre seguridad sigue en la agenda pública. Se espera que el Gobierno refuerce las acciones para combatir el delito.
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La promulgación de la 'Ley Antimafias' marca un punto clave en la política criminal del país. Se busca reducir la impunidad de las organizaciones delictivas.
El impacto de la norma dependerá de su aplicación. La Justicia tendrá un rol fundamental en su implementación efectiva. El Gobierno apuesta a que la ley tenga efectos inmediatos. Se espera que el Congreso impulse nuevas reformas complementarias.
La sociedad sigue de cerca los cambios en materia de seguridad. La ley genera expectativas, pero también plantea desafíos.
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