DESCLASIFICARÁN ARCHIVOS SOBRE NAZIS REFUGIADOS EN ARGENTINA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno abrirá todos los archivos vinculados a nazis que se refugiaron en Argentina. La medida incluye información financiera, movimientos migratorios y documentación conservada en organismos militares.

“El presidente dio la instrucción de liberar toda la documentación que exista en cualquier organismo del Estado, porque no hay motivo para seguir resguardando esa información”, explicó Francos. El anuncio marcó un giro en la política de acceso a archivos históricos.

La decisión fue comunicada luego de una reunión entre Javier Milei y el senador estadounidense Steve Daines. El legislador impulsa desde hace años la apertura de documentos vinculados a jerarcas nazis en América Latina.

Argentina recibió a numerosos miembros del régimen nazi entre 1945 y 1960. Algunos llegaron con pasaportes falsos. Otros ingresaron por vías legales, con respaldo diplomático o apoyo de estructuras locales que aún no fueron identificadas del todo.

La documentación incluye operaciones bancarias, adquisiciones inmobiliarias, redes de protección y vínculos con sectores militares y empresariales. El archivo militar y los registros del Ministerio de Defensa guardan parte de esa información.

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El país funcionó como refugio de personajes clave del nazismo, como Adolf Eichmann, Erich Priebke y Josef Mengele. Varios de ellos vivieron durante décadas en territorio argentino sin ser detectados o denunciados.

El anuncio también se dio en paralelo a otra medida. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo desclasificará información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

Ambas decisiones podrían permitir una lectura más profunda del vínculo entre redes de protección extranjeras y estructuras represivas locales. La posibilidad de encontrar nexos entre jerarcas nazis y represores argentinos genera expectativa entre historiadores y organismos de derechos humanos.

Los documentos podrían revelar conexiones económicas, triangulaciones de dinero y circuitos de evasión utilizados por los refugiados. Algunos archivos incluirían datos sobre inversiones, empresas fantasma o contactos con bancos internacionales.

El Centro Wiesenthal valoró el anuncio del Gobierno y pidió acceso a los documentos. La organización recordó que Argentina fue uno de los países con más presencia de criminales nazis después de la guerra.

Se espera que el proceso alcance archivos del Archivo General de la Nación, del Ministerio de Defensa, de organismos de inteligencia y de la Policía Federal. También podrían aparecer informes de relaciones exteriores y migraciones.

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No se detalló cuántos documentos se abrirán ni en qué plazos. Tampoco se explicó qué criterios se usarán para garantizar el acceso público a la información o si se habilitará una plataforma digital para consultas.

La historia oficial reconoce que el país facilitó el ingreso de nazis a través de rutas organizadas. Algunas incluyeron escalas en España o Italia, con respaldo del Vaticano o gobiernos aliados del Tercer Reich.

El tema reaparece cada cierto tiempo, pero pocas veces con decisiones concretas. Los archivos fueron objeto de pedidos reiterados, tanto desde organismos argentinos como desde tribunales internacionales.

Algunas investigaciones periodísticas lograron reconstruir trayectos y refugios. Sin embargo, la mayoría de los datos oficiales aún permanece bajo reserva o se encuentra fragmentado en distintas dependencias estatales.

La nueva instrucción presidencial promete una desclasificación total, sin excepciones. Los organismos alcanzados deberán revisar sus archivos, identificar la documentación relevante y preparar su entrega para consulta pública.

El proceso podría incluir la colaboración de historiadores, técnicos archivistas y organismos especializados en crímenes internacionales. La revisión requerirá un trabajo coordinado y recursos humanos capacitados para evitar manipulaciones.

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Los documentos podrían revelar datos sobre complicidades locales que ayudaron a los jerarcas nazis. Funcionarios, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad o diplomáticos podrían aparecer mencionados como partícipes o facilitadores.

Argentina ya participó en operativos de captura de criminales nazis. La detención de Eichmann en 1960 por parte del Mossad dejó en evidencia la permanencia prolongada de prófugos en el país.

La apertura de archivos permitiría revisar también el rol del Estado en el encubrimiento. Algunos informes indicarían conocimiento previo por parte de autoridades argentinas. Otros mostrarían negligencia o complicidad directa.

Las organizaciones de la memoria piden transparencia. Solicitan que no se filtre información sensible. Exigen acceso sin censura ni criterios restrictivos para garantizar el derecho a la verdad y a la investigación.

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El Gobierno no anticipó si habrá sanciones para quienes hayan encubierto. Tampoco se refirió a posibles reparaciones para víctimas o familiares de personas afectadas por los prófugos protegidos en el país.

El anuncio generó impacto internacional. Medios europeos y estadounidenses replicaron la decisión. Señalaron que Argentina se suma a otros países que revisan su pasado y abren los archivos ocultos del siglo XX.

La dimensión simbólica también importa. El Estado reconoce que protegió criminales de guerra. Acepta que guardó información. Y declara que llegó el momento de abrirla. El efecto dependerá de la profundidad real del proceso.

Por ahora, no hay una fecha exacta para el inicio de la desclasificación. El anuncio político abrió el camino. La implementación práctica definirá si se trata de un gesto histórico o de una promesa más.