Mariel Suárez.
Mariel Suárez busca volver a ser jueza. Su defensa pidió que el Superior Tribunal de Justicia revise la legalidad de su destitución. El planteo será evaluado en audiencia pública.
Suárez fue destituida en 2022. El caso cobró notoriedad por sus visitas al preso Cristian Bustos. Un video mostró un acercamiento entre ambos que generó acusaciones públicas.
El escándalo no terminó en condena penal. Suárez fue sobreseída. El juez Nieto Di Biase determinó que no hubo delito. La causa se cerró antes del juicio oral.
La defensa sostiene que la destitución se apoyó en hechos mal interpretados. Además, planteó supuestas irregularidades durante el juicio político. Ahora buscan revertir ese fallo.
El recurso presentado insiste en el derecho a la defensa. También cuestiona la imparcialidad del proceso de enjuiciamiento. “No hubo revisión integral de la sentencia”, dijo su abogado.
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El defensor público Jorge Benesperi representa a Suárez. Explicó que la jueza “nunca mintió sobre su salud ni faltó a sus funciones”. Asegura que cumplió con sus tareas por vía remota.
El proceso penal avanzó en paralelo al político. En lo penal, no se encontró delito. En lo institucional, se consideró falta de conducta. Son caminos legales distintos.
El juicio político se inició por una denuncia del actual gobernador Ignacio Torres y del exintendente Juan Pablo Luque. Ambos solicitaron la destitución ante el Consejo de la Magistratura.
El argumento principal fue el vínculo con un condenado. Suárez había dictado sentencia contra Bustos días antes. Luego lo visitó en la cárcel, según ella, para escribir un libro.
El video de esa visita se viralizó. Mostraba a Suárez sentada en el piso junto a Bustos. Los rostros estaban muy próximos. Se habló de un posible beso.
La jueza negó ese contacto físico. Dijo que se acercó para “hablar en voz baja”. Alegó que buscaba privacidad frente a los policías que custodiaban la celda.
Más allá del gesto, el proceso apuntó a una conducta inapropiada. El juicio político se basó en la relación con un condenado. La imparcialidad judicial quedó en duda.
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“Una relación íntima entre un juez y un detenido genera conflictos éticos”, escribió el ministro Daniel Báez. Báez presidió el Tribunal de Enjuiciamiento que votó la destitución.
El voto destacó que Suárez “persiguió un interés personal, bajo un argumento poco creíble de actividad académica”. Cuestionó la intención de escribir un libro sobre Bustos.
La decisión del tribunal no fue unánime. Hubo tres votos a favor y dos en contra. La defensa usa eso como otro argumento a favor de la restitución.
Benesperi anticipó que el Superior Tribunal fijará fecha para una nueva audiencia. El objetivo es exponer todos los errores que, según él, afectaron el proceso.
“Se vulneró el derecho a defensa y el control de prueba fue limitado”, denunció. También señaló que la comisión acusadora perdió legitimidad durante el juicio.
El caso tiene antecedentes. En 2013, Suárez fue destituida y luego repuesta en el mismo cargo. El Superior Tribunal anuló esa sanción y ordenó su reincorporación.
El defensor recordó también el caso del juez Colabelli. Fue repuesto tras un fallo de la Corte Suprema de la Nación. Se alegaron situaciones similares a las de Suárez.
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Si el Superior Tribunal da lugar al pedido, Suárez volvería a ocupar su cargo. También podría reclamar una indemnización al Estado, por daño laboral.
Benesperi aclaró que esa demanda sería civil. No formaría parte del proceso actual. Involucraría a otras áreas del derecho y a nuevos abogados.
El reclamo de Suárez se basa en el sobreseimiento penal, la votación dividida y los supuestos vicios del proceso. Apuesta a una decisión política con revisión judicial.
El fallo que la destituyó no utilizó el video como prueba central. Según el Tribunal, el verdadero problema fue la falta de imparcialidad. No el gesto captado en imágenes.
El sistema judicial debate ahora los límites entre vida personal y función pública. El caso de Suárez reabre ese interrogante. ¿Puede una jueza vincularse con un condenado?
La audiencia ante el Superior Tribunal será pública. Marcará un precedente para futuras sanciones a magistrados. Las miradas estarán puestas en los jueces de máxima instancia provincial.
El desenlace podría habilitar su vuelta al cargo o cerrar el capítulo judicial. Todo depende del análisis de los fundamentos presentados por la defensa.
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