Milicic con permiso "provisorio".
Río Negro autorizó el inicio de las tareas en Punta Colorada, donde avanzará uno de los tramos clave del proyecto Vaca Muerta Sur. El gobernador Weretilneck firmó un permiso provisorio por 30 días y la empresa Milicic ya ingresó con sus equipos pesados para comenzar con el movimiento de suelos. La autorización llegó luego de varias semanas de tensión por el canon que la Provincia reclama a las petroleras por el paso del oleoducto hacia la terminal portuaria.
La autorización se oficializó el viernes pasado. La Dirección de Tierras provincial otorgó el permiso temporal para avanzar con los trabajos tempranos mientras siguen las negociaciones entre los funcionarios rionegrinos y el consorcio de empresas liderado por YPF. En paralelo, se mantienen los encuentros técnicos en la capital provincial para destrabar los detalles del acuerdo.
La obra quedó demorada durante varias semanas por el desacuerdo con las petroleras, que inicialmente se resistieron a pagar el canon solicitado por la Provincia. Río Negro exigió un porcentaje del crudo exportado como compensación por la utilización de su territorio, lo que provocó rispideces con las compañías involucradas.
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El consorcio VMOS reúne a YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron y Shell. Estas empresas lideran el ambicioso proyecto de transporte desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica. El canon que pide la Provincia se calcula sobre el volumen de petróleo exportado por esa vía.
El reclamo inicial de Río Negro era del 1% del petróleo exportado, pero las partes entraron en una etapa de negociación técnica para definir los términos. El gobierno provincial busca garantizar ingresos por la cesión de tierras, el uso de infraestructura y las tasas ambientales e hidrocarburíferas.
Desde el martes, la Residencia de los Gobernadores en Viedma funciona como sede de las reuniones entre técnicos del gobierno y representantes de las petroleras. Allí discuten las condiciones del acuerdo, desde la cesión de tierras hasta las nuevas tasas portuarias.
Entre los funcionarios rionegrinos que encabezan las conversaciones se encuentran el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri. También participan las secretarias de Hidrocarburos, Mariela Moya, y de Ambiente, Judith Jiménez.
"Las tasas de siempre y las nuevas tasas también están en análisis", explicó el gobernador Weretilneck en declaraciones a una radio local de Viedma. El mandatario detalló que las conversaciones incluyen el uso del mar, el valor de la tierra y los aspectos legales vigentes.
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El gobernador afirmó que ahora la discusión es “absolutamente técnica”. Enumeró que hay entre ocho y nueve temas en análisis, con distintos niveles de acuerdo. Las partes evalúan si la tierra en Punta Colorada se entregará mediante alquiler o venta.
La semana pasada, desde el sector empresarial aseguraron que el acuerdo era inminente. Sin embargo, el viernes Weretilneck enfrió las expectativas y aclaró que la Provincia no tenía urgencia. "La Provincia no tiene apuro", dijo el gobernador. Atribuyó la definición a las petroleras.
Las empresas alertan sobre las consecuencias del retraso. Según sus estimaciones, la demora en la finalización del oleoducto puede generar pérdidas de hasta 13 millones de dólares por día. Esa presión económica se instaló en la mesa de discusión.
Mientras tanto, en Sierra Grande creció la expectativa. La comunidad esperaba el avance de la obra para dinamizar el empleo y el movimiento económico. La empresa Milicic aguardaba la autorización para instalar su campamento y comenzar las tareas asignadas.
El permiso provisorio activó esa espera. Ayer ingresaron las maquinarias pesadas de Milicic para iniciar el movimiento de suelos y el acondicionamiento de caminos. Se trata de los trabajos preliminares que permitirán el asentamiento de los tanques petroleros.
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Milicic es la empresa encargada de ejecutar los llamados “trabajos tempranos”. Estos incluyen tareas de preparación del terreno, apertura de caminos internos y conexiones iniciales. El avance de estas labores marcará el ritmo del resto del proyecto.
El permiso tiene vigencia por 30 días. Durante ese plazo, las partes deberán llegar a un acuerdo definitivo. La Provincia insiste en que las condiciones deben incluir compensaciones por el uso del territorio y de los recursos naturales.
La negociación busca establecer un nuevo estándar en la relación entre las provincias productoras y las empresas petroleras. Río Negro quiere consolidar un modelo que permita asegurar beneficios fiscales y ambientales duraderos.
En la discusión aparecen conceptos novedosos, como la tasa de puertos. Esta figura no existía en convenios anteriores, pero la Provincia la incluyó en el nuevo esquema de exigencias. También reclama una tasa específica por el uso del mar.
Weretilneck insiste en que no busca frenar el proyecto. Asegura que el objetivo es ordenar los términos y establecer reglas claras. Las empresas, en cambio, advierten que cualquier nuevo costo podría afectar la competitividad del proyecto exportador.
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La presión no viene sólo de las petroleras. La comunidad de Sierra Grande necesita que el proyecto avance para activar la economía local. Comerciantes y trabajadores esperan desde hace meses el inicio de los trabajos y la llegada de inversión.
El permiso actual habilita únicamente las tareas tempranas. Las obras de mayor envergadura, como el montaje de tanques y estructuras, requerirán nuevos permisos. Esos dependerán de los avances en la negociación general.
Desde el gobierno no descartan extender el permiso inicial. Pero aclaran que cualquier prórroga tendrá que ir acompañada de avances concretos en el acuerdo. “Necesitamos definiciones claras para seguir adelante”, sostienen cerca del gobernador.
El proyecto Vaca Muerta Sur busca transportar el crudo desde Neuquén hasta Punta Colorada, en la costa atlántica. Desde allí saldrán barcos con petróleo hacia los mercados internacionales. La obra es estratégica para el plan exportador nacional.
Río Negro se ubica en un lugar central de esa red. Por eso reclama compensaciones y participación efectiva en los beneficios. El conflicto con las petroleras muestra que esa discusión recién comienza. El permiso provisorio sólo marca un primer paso.
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