Cerraron plantas de Vicentín.
Vicentin entró en su etapa más grave desde el inicio del colapso en 2019. Este sábado 6 de abril, el directorio anunció el cierre total de las plantas ubicadas en Ricardone y Avellaneda. La empresa comunicó que no puede sostener los pagos de salarios ni continuar con los contratos de fasón. Tampoco logró avanzar con nuevas inversiones. "Nos vemos obligados a cerrar todas las plantas", afirmó el comunicado oficial.
El cierre abarca toda la operación industrial. La firma suspendió la recepción de materia prima, la molienda y las tareas administrativas en ambos complejos. Explicó que la decisión busca "resguardar activos" ante la imposibilidad de continuar con su funcionamiento normal. No ingresan fondos y no existen contratos activos. Los trabajadores no recibieron el pago correspondiente al mes de marzo. No hay fecha cierta para saldar la deuda salarial.
La empresa quedó atrapada en un laberinto financiero. Desde 2019 dejó de operar con mercadería propia. Solo mantenía actividad mediante contratos de fasón, en los que procesaba granos de terceros. Esos contratos también se encuentran paralizados. El ingreso de mercadería se detuvo por completo. No hay perspectivas de nuevos acuerdos. La producción dejó de existir.
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Esta semana, la Justicia convocó a una audiencia para reactivar la operación. Llamaron a los principales socios estratégicos: ACA y Bunge-Viterra. Buscaban reactivar los contratos de molienda y evitar el colapso total. Ninguno de los dos se presentó. La audiencia fracasó. La empresa se quedó sin respaldo. No hay respaldo financiero ni operativo.
El directorio interpretó el vacío como una señal clara. Decidió frenar toda la actividad y apostar a una jugada límite. Algunos actores del sector entienden la medida como una presión directa a los inversores. Otros creen que apunta a acelerar la intervención judicial. La compañía pretende trasladar el caso a la Corte Suprema. Busca que el máximo tribunal habilite la homologación del acuerdo concursal con los acreedores.
El cierre deja en la calle a más de 1.000 trabajadores. La mayoría se desempeña en tareas de planta. A ese número se suman más de 3.000 puestos indirectos. Se trata de transportistas, proveedores, contratistas y empleados de empresas satélite. Toda la cadena productiva sufre el freno de Vicentin. El impacto regional es devastador.
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El gremio aceitero ya lanzó la alerta máxima. Exige el pago inmediato de los sueldos de marzo. Advirtió que, si no hay una respuesta, avanzarán con medidas de fuerza. Se preparan para un paro de alcance nacional. Advierten que la situación afecta a todo el sector. La industria monitorea con preocupación los próximos pasos.
Los trabajadores también enfrentan la amenaza del corte de energía. La empresa mantiene una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda. Debe más de 400 millones de pesos. El monto corresponde al consumo eléctrico de una de sus plantas. La cooperativa evalúa interrumpir el suministro en las próximas horas. Sin luz, no puede haber producción ni resguardo de equipos.
La situación judicial agrega otro nivel de gravedad. La Justicia de Rosario ordenó prisión preventiva para cuatro exdirectivos. Se trata de Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Los acusa de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta. El monto del daño supera los 600 millones de dólares. Las maniobras incluyeron balances falsos, operaciones simuladas y desvíos sistemáticos de fondos.
Según la fiscalía, los exdirectivos actuaron de manera organizada. Formaron una estructura para cometer delitos de forma permanente. Afectaron a bancos, proveedores, acreedores y socios. La empresa ya estaba en concurso cuando continuaron las operaciones dudosas. El esquema se mantuvo durante años. Los acusados hoy enfrentan causas penales de extrema gravedad.
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Vicentin perdió toda capacidad de gestión. No tiene fondos líquidos. No genera ingresos. No consigue inversores. No logra avanzar con la Justicia. No responde a los trabajadores. No comunica alternativas. No planifica salidas. Solo comunica decisiones de emergencia. La empresa ya no opera, solo sobrevive.
El caso Vicentin impacta en toda la industria. La empresa representó, en su momento, el 10% de la capacidad nacional de molienda. Su caída desestabiliza al sector agroexportador. Los principales actores del mercado exigen definiciones urgentes. No hay un marco claro para sostener la producción. No existen reglas que aporten previsibilidad.
En Avellaneda, la comunidad local ya sufre el parate. Comercios, talleres, estaciones de servicio y transportistas ven caer su actividad. La incertidumbre se extiende. El temor al desempleo crece. Las familias piden respuestas. Los trabajadores no saben qué hacer. No hay intermediarios que puedan ofrecer garantías.
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El Ministerio de Trabajo no intervino hasta ahora. Tampoco lo hizo el Ministerio de Economía. No hay señales desde la administración nacional. La provincia de Santa Fe tampoco comunicó un plan. Nadie ofrece una solución concreta. Nadie se hace cargo del problema. La empresa actúa sin regulación ni control estatal.
La Corte Suprema podría convertirse en el próximo escenario. Vicentin espera que el máximo tribunal revierta el rechazo al acuerdo concursal. Ese acuerdo incluía el aval de más del 70% de los acreedores. Pero la Justicia santafesina se negó a homologarlo. Sin esa homologación, no hay marco legal para ordenar pagos ni relanzar operaciones.
La compañía apuesta a ganar tiempo. Mientras tanto, detiene la actividad y congela todos los compromisos. Intenta sostener su estructura sin recursos ni producción. El cierre de plantas puede presionar a todos los actores involucrados. Pero también puede profundizar la crisis. Las consecuencias sociales ya se sienten en la calle.
Cada día sin producción agrava el escenario. El país pierde exportaciones. El Estado deja de recaudar. Las provincias pierden ingresos. El empleo formal se reduce. Las cooperativas se debilitan. Las rutas se vacían. Los granos no circulan. El colapso de Vicentin ya es parte del colapso económico.
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