


El Gobierno nacional aseguró que espera llegar a las elecciones legislativas de octubre con una inflación mensual inferior al 1%. La apuesta oficial se basa en el control del gasto público, la baja del dólar y la presión directa sobre fabricantes y supermercados. El ministro de Economía, Luis Caputo, interviene personalmente para evitar aumentos en las listas de precios.
Según el economista Miguel Boggiano, el tipo de cambio tenderá a la baja y eso contribuirá a una menor presión inflacionaria. “Para junio o julio probablemente se verá una inflación por debajo del 2 por ciento”, expresó durante una entrevista radial. Considera que el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal y evita fijar el tipo de cambio, a diferencia de la convertibilidad.
Desde el oficialismo sostienen que la desaceleración de precios debe reflejar el contexto actual del dólar. En diciembre de 2023 la divisa estaba a $840, mientras que hoy ronda los $1.160, con tendencia descendente tras el nuevo esquema cambiario. El objetivo es que los productos ajustados con un dólar a $1.400 o más se reacomoden.
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Caputo remarca la necesidad de revisar márgenes de ganancia, sobre todo en sectores con promociones encubiertas. “Es necesario preguntarnos cuál debería ser el precio actual de los productos que consumimos, ajustado al dólar real de hoy y no al de $1.400 o $2.000”, sostienen en su equipo. La política oficial apunta a una mayor transparencia en la formación de precios.
La Casa Rosada cree que los alimentos e insumos deben bajar su precio nominal si se usan referencias actuales del tipo de cambio. La estrategia es cuestionar los aumentos que se justificaron en un dólar muy por encima del valor real. Esa lógica se aplica tanto a bienes importados como a productos nacionales.
El Gobierno monitorea semanalmente los precios en supermercados para detectar distorsiones. Consideran que difundir las variaciones ayuda a presionar por correcciones a la baja. La comparación directa con precios previos es parte del esquema de control informal.
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El equilibrio fiscal se mantiene como el pilar del plan económico. Boggiano explicó que el Gobierno no sólo sostiene el superávit, sino que lo incrementó al 1,6% del PBI. Esa disciplina, afirma, permite enfriar la economía sin generar nuevas presiones de emisión.
La caída del dólar impacta en la referencia de precios de varios sectores que antes se cubrían con anticipación. Rubros sin vínculo directo con el comercio exterior también usaban la divisa como ancla. Hoy, con un dólar más estable, el Ejecutivo reclama una corrección generalizada.
Los funcionarios reconocen que muchos precios actuales fueron fijados en momentos de alta incertidumbre. Esa situación llevó a márgenes de ganancia extraordinarios en varios rubros. La meta es que esos valores se acomoden al nuevo contexto macroeconómico.
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Desde el equipo económico insisten en que es momento de ordenar la cadena comercial. Argumentan que sin ajustes en los márgenes, no será posible consolidar una baja real de la inflación. La disputa con supermercados y mayoristas es parte de esa agenda.
La credibilidad del plan depende de que la baja del dólar y el superávit fiscal se traduzcan en menores precios al consumidor. El oficialismo apuesta a que los próximos meses confirmen esta tendencia. La expectativa es llegar a octubre con cifras que respalden ese relato.
La pregunta que se plantea en cada pasillo oficial es directa: si el dólar baja, ¿por qué los precios no acompañan? El Gobierno quiere una respuesta en góndolas, no sólo en gráficos macroeconómicos. Octubre será el termómetro político de esa ecuación.
Fuente: NA.







