Lula pte de Brasil
El Gobierno de Brasil presentó una ambiciosa propuesta de reforma del mercado eléctrico que plantea una tarifa social completamente gratuita para los primeros 80 kWh consumidos mensualmente por hogares vulnerables. La medida, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, beneficiaría a unos 60 millones de personas y busca transformar el acceso a la energía en el país.
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Minas y Energía y encabezado por el ministro Alexandre Silveira, ya fue enviado a la Casa Civil y se prevé que sea remitido al Congreso como medida provisional, lo que le daría aplicación inmediata. El eje central de la propuesta es liberalizar completamente el mercado eléctrico para el año 2028, permitiendo que los usuarios residenciales puedan contratar libremente a sus proveedores de energía.
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Actualmente, el mercado eléctrico brasileño se divide entre el segmento regulado y el mercado libre. Este último, reservado mayormente a grandes consumidores industriales, se abrirá paulatinamente a empresas medianas en 2027 y finalmente a consumidores particulares al año siguiente. La reforma plantea un cambio estructural sin precedentes en el sistema energético del país.
En el plano social, la medida más destacada es la expansión de la tarifa social, que hoy alcanza a 17 millones de hogares con descuentos parciales. Con el nuevo esquema, los beneficiarios no pagarán nada por los primeros 80 kWh mensuales, un salto significativo frente a los actuales descuentos del 65% y 40% en los tramos de 0 a 100 kWh.
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El ministro Silveira aseguró que unos 4,5 millones de hogares dejarían de pagar completamente por su consumo eléctrico, dado que se encuentran por debajo del umbral de 80 kWh mensuales. El objetivo es aliviar el costo de vida de los sectores más humildes sin recurrir a fondos del Tesoro, sino a través de una reorientación del financiamiento de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE).
La CDE, que recauda cerca de 40.000 millones de reales al año, se nutre de aportes de los grandes usuarios eléctricos y actualmente sostiene varios regímenes de beneficios, como el que gozan los autoproductores de energía renovable, principalmente solares y eólicos. La reforma busca limitar los incentivos para nuevos proyectos de autoproducción, acusados de crear distorsiones y trasladar el costo al consumidor tradicional.
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“La autoproducción oportunista debe ser regulada”, sentenció Silveira. Según el ministro, el actual sistema permite que grandes usuarios se asocien con pequeños generadores para acceder a exenciones, generando una sobrecarga injusta sobre los consumidores regulados.
La reforma propone redefinir quiénes pueden considerarse autogeneradores y eliminar ciertos privilegios fiscales existentes, liberando así recursos que serán dirigidos a financiar la nueva tarifa social gratuita. Además, se prevé un aumento marginal del 1% en la tarifa para el resto de los usuarios del sistema como complemento.
Fuente: iprofesional
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