Trump planea etiquetar como combatientes enemigos a presuntos miembros de cárteles
Actualidad05/05/2025
Sergio Bustos
Donald Trump.
Donald Trump quiere una herramienta legal sin precedentes. Su equipo evalúa declarar como combatientes enemigos a inmigrantes acusados de integrar cárteles o pandillas. La etiqueta permitiría detenerlos sin juicio y reducir sus derechos legales.
La administración anterior ya lo intentó en 2018. Trump buscó aplicar el término a inmigrantes indocumentados. No tuvo respaldo legal. Ahora vuelve con una versión más dirigida a grupos específicos.
El foco está puesto en bandas como MS-13 o el Tren de Aragua. Trump los considera una amenaza directa a la seguridad nacional. Ya los declaró organizaciones terroristas extranjeras.
Los abogados del gobierno debaten la legalidad. Quieren aplicar la etiqueta a presuntos miembros de esos grupos. También analizan si pueden usarla fuera de Estados Unidos. Eso abriría la puerta al uso de drones armados.
El concepto de combatiente enemigo se utilizó tras el 11-S. Permitió detener a personas acusadas de apoyar a Al Qaeda o los talibanes. Muchos fueron enviados a Guantánamo sin juicio.
La intención de Trump es replicar ese modelo. Pero ahora con inmigrantes. El objetivo: frenar deportaciones demoradas y habilitar detenciones indefinidas bajo custodia militar.
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“Esto es un truco para evitar el debido proceso”, dijo un exfuncionario. Algunos abogados del Pentágono ya expresaron su preocupación. Consideran que la idea viola normas constitucionales.
No hay base legal clara. “No se puede mezclar terrorismo internacional con derecho migratorio”, advirtió Steve Vladeck. Es profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown.
La medida permitiría usar al Ejército para detener personas dentro del país. Eso choca con leyes que prohíben a las Fuerzas Armadas cumplir tareas policiales internas.
La designación también permitiría el uso de fuerza letal contra cárteles en el exterior. La CIA ya revisa sus atribuciones. Drones de vigilancia armados sobrevuelan México.
Funcionarios de inteligencia dudan. Temen que operaciones pensadas para conflictos armados se apliquen a la lucha contra el crimen. Eso desdibuja los límites entre seguridad nacional y justicia penal.
La CIA aún no usó los drones con fines ofensivos. Pero la posibilidad crece. Trump pidió acelerar medidas. Ya emitió un decreto para militarizar la frontera.
Miles de soldados se desplegaron en zonas federales. Tienen orden de detener migrantes que crucen sin autorización. La idea de crear una zona de amortiguación militar está en marcha.
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El Pentágono aún no firmó la política final. Algunos abogados se oponen internamente. Quieren evitar un uso militarizado del sistema migratorio. La discusión sigue abierta.
La etiqueta de combatiente enemigo permitiría limitar recursos judiciales. Las personas acusadas tendrían menos posibilidad de apelar su detención. El gobierno busca evitar revisiones federales.
Sin embargo, la Corte Suprema ya estableció límites en 2008. A los detenidos en Guantánamo les reconoció el derecho a cuestionar su prisión. No está claro si eso aplica fuera de EE.UU.
Trump quiere enviar detenidos a la cárcel Cecot en El Salvador. Es una megaestructura para presos vinculados a pandillas. Estados Unidos ya trasladó allí a más de 130 venezolanos.
Una jueza federal prohibió aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros a venezolanos. Sin embargo, el gobierno de Trump logró deportaciones antes del fallo. El mecanismo genera fuertes resistencias legales.
El caso de Kilmar Ábrego García expuso las fallas. Lo deportaron por error. Un tribunal ordenó su regreso. El proceso reveló tensiones entre el Ejecutivo y la justicia.
“Están jugando al gato y al ratón con los tribunales”, dijo un exdefensor. Trump busca soluciones expeditivas. Pero las normas legales no lo avalan.
La administración considera argumentar que los cárteles controlan territorios. Eso permitiría justificar una guerra no declarada. La narrativa ya se instaló en los discursos del expresidente.
“Los cárteles están en guerra con Estados Unidos”, dijo Trump en marzo. También acusó al régimen de Maduro de dirigir al Tren de Aragua. El discurso busca sostener la militarización.
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Rachel VanLandingham, experta en leyes de guerra, fue contundente. “No hay ninguna base legal para declarar combatientes enemigos a inmigrantes”, afirmó. Dijo que no existe un conflicto armado en territorio estadounidense.
El concepto de guerra contra el narcotráfico ya fue cuestionado. Militarizar la respuesta puede generar violaciones masivas a los derechos humanos. Los antecedentes en América Latina son graves.
Trump insiste. Quiere usar el poder militar contra grupos criminales. La estrategia mezcla migración, seguridad interna y combate al crimen. Pero carece de fundamento legal coherente, según expertos.
El riesgo institucional es alto. Si se aprueba esta política, puede erosionar el Estado de derecho. Permitiría detenciones sin control judicial. Transformaría el sistema migratorio en un esquema represivo.
Los tribunales deberán definir los límites. La Corte Suprema será clave para frenar excesos. La campaña electoral de Trump ya instaló el tema en el debate público.
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