Nación ofrece un lugar simbólico a Río Negro y Neuquén en la privatización de las represas
Actualidad10/05/2025
Sergio Bustos
Las represas siguen en disputa.
La Nación avanza con la privatización de las represas patagónicas. Publicó en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 2/2025. Allí se define el procedimiento para licitar El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados.
Neuquén y Río Negro tendrán derecho a nombrar un veedor cada una. La resolución “invita” a las provincias a designar representantes para seguir el proceso. Solo podrán observar. No tendrán poder de decisión.
El artículo 8 deja abierta la forma de designación. No se indican plazos ni requisitos. “Cada gobernador deberá definir el nombre y el perfil del veedor”, explicaron fuentes vinculadas al proceso.
La figura del veedor es simbólica. No implica capacidad de veto. No implica participación activa. No hay poder de intervención ni representación real. Solo se trata de seguir el proceso desde adentro.
Las provincias podrán tener hasta el 10% de las acciones. Pero deberán pagarlas al mismo precio que el adjudicatario. No tendrán trato preferencial. Tampoco recibirán porciones gratuitas ni condiciones especiales.
La licitación será nacional e internacional. La Secretaría de Energía redactará los pliegos. Incluirán datos técnicos, requisitos operativos, obligaciones ambientales y garantías económicas para las concesionarias.
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El pliego tendrá varios apartados específicos. Se detallará el perímetro de cada represa, su inventario, el plan de manejo del agua, la seguridad estructural, los seguros obligatorios y las obras a ejecutar.
También se definirán los esquemas de remuneración. Las empresas concesionarias deberán ajustarse a reglas económicas precisas. Nación garantizará un marco tarifario con controles y compensaciones.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas convocará el concurso. Coordinará el proceso junto con la Secretaría de Energía. Podrán usar la plataforma de la Oficina Nacional de Contrataciones.
El director de esa Agencia es Diego Chaher. Trabajará junto a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. Ambos estarán a cargo de la organización administrativa y técnica del llamado a licitación.
Se creará una comisión evaluadora de ofertas. Estará integrada por tres titulares y tres suplentes. Analizará propuestas, puntuará condiciones y elevará dictámenes a los organismos nacionales.
La comisión podrá pedir asistencia técnica. Enarsa y Cammesa estarán disponibles para ayudar en la revisión de pliegos, ofertas y condiciones técnicas de los oferentes.
Cammesa implementará el Data Room del proceso. Será la plataforma digital con la información técnica, financiera y legal. Los interesados podrán acceder a ella durante la licitación.
Enarsa tendrá un rol clave en la tasación de activos. Contratará una empresa de servicios profesionales para evaluar el valor real de las represas. La tasación será requisito obligatorio para avanzar.
La empresa contratada deberá tener antecedentes comprobables. Deberá presentar credenciales, experiencia y trayectoria suficiente. El informe de valuación será confidencial, pero obligatorio.
El proceso no prevé audiencia pública. La resolución no incluye mecanismos participativos. Solo contempla instancias administrativas internas. Las provincias quedan como observadoras. No podrán incidir en el diseño del pliego.
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El debate por el control del recurso quedó afuera. La potestad del agua sigue siendo provincial. Pero la gestión de las represas pasará a manos privadas, según lo establecido en este concurso.
Organizaciones sociales criticaron el diseño del proceso. Denuncian falta de consulta, pérdida de soberanía y ausencia de criterios federales. También cuestionan la concentración energética en grandes grupos empresarios.
Los sindicatos del sector piden garantías laborales. Reclaman continuidad para los trabajadores actuales. Exigen estabilidad y condiciones de transferencia. “Las represas no pueden licitarse sin asegurar derechos básicos”, dijeron desde ATE.
Los gobiernos de Weretilneck y Figueroa no rechazaron la propuesta. Hasta ahora no hubo comunicados oficiales. Se espera que designen a sus veedores en los próximos días.
Las represas concentran gran parte de la generación eléctrica de la región. Representan una porción estratégica del sistema nacional. Controlan caudales, regulan ríos y abastecen la red interconectada.
El gobierno nacional impulsa la privatización como parte de su plan fiscal. Busca reducir el déficit, atraer inversiones y desarmar estructuras estatales. Las hidroeléctricas son parte de ese paquete.
La oposición exige mayor control legislativo. Algunos bloques piden informes. Otros evalúan acciones judiciales. La Corte Suprema ya tiene antecedentes de intervención en procesos de privatización sin consenso federal.
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Las comunidades aguas abajo también reclaman ser escuchadas. Alertan sobre impactos ambientales, riesgos de manejo y falta de compensaciones. Quieren participar, decidir y controlar.
El proceso aún no tiene fecha concreta. El llamado a concurso depende de la aprobación de los pliegos. La publicación podría demorar semanas. El cronograma aún no se conoce.
La presencia de veedores no garantiza transparencia. Solo ofrece una mirada parcial. Sin voz ni voto. “Ver no es lo mismo que decidir”, advirtió un constitucionalista.
La energía sigue siendo un eje de disputa. Entre Nación y provincias. Entre lo público y lo privado. Entre la eficiencia y la soberanía. Las represas son el nuevo frente de esa tensión.
El concurso avanza sin frenos. El diseño ya está definido. Las provincias observan. Los privados se preparan. Y el agua, como siempre, sigue su curso.
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