Enarsa y un mal manejo.
La empresa estatal Enarsa no logró colocar el gas importado. La última subasta para vender gas natural licuado (GNL) resultó desierta. Ninguna empresa ofertó para comprarlo, pese al llamado hecho a través del Mercado Electrónico del Gas (Megsa).
La compulsa apuntaba a generadoras, comercializadoras e industrias. Buscaba transferirles el gas desde el 15 al 31 de mayo. El precio mínimo fijado fue de 14,86 dólares por millón de BTU. Ningún actor aceptó esa condición.
El gas licuado proviene del buque regasificador ubicado en Escobar. Una vez regasificado, Enarsa intenta revenderlo a privados. Pero el costo final impide que las distribuidoras trasladen ese valor a la tarifa. El resultado: cero ofertas.
El Gobierno nacional había planteado un objetivo claro. Quería dejar de subsidiar el gas importado. Propuso que los privados asuman el costo real del producto, incluida la logística, el almacenamiento y la regasificación.
La realidad mostró otro escenario. “Ningún distribuidor osará levantar la mano”, afirma un informe de Paspartú. El riesgo de asumir pérdidas sin poder trasladar el valor al usuario desalienta toda participación.
La situación no es nueva. Durante 2024 también se declararon desiertas varias subastas. La falta de compradores obligó a Enarsa a absorber los costos y mantener la venta subsidiada a precios internos congelados.
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El desbalance entre lo que se paga y lo que se cobra es profundo. En invierno, Enarsa recibe alrededor de 4,50 dólares por millón de BTU. Los usuarios residenciales pagan aún menos: 3,1 dólares según Enargas.
La brecha con el precio de importación es insostenible. El valor de reventa fijado en las subastas triplica lo que recibe la empresa estatal. El déficit se cubre con fondos públicos y complica el balance comercial.
Los subsidios siguen siendo el sostén del sistema. Según la consultora Economía y Energía, el Estado cubrió el 83% del costo mayorista eléctrico y el 82% del precio al ingreso al sistema (PIST) en los primeros dos meses de 2025.
El proceso de privatización de Enarsa ya comenzó. En ese contexto, las subastas sin compradores no son un dato menor. El FMI exige reducir subsidios a la energía como parte del acuerdo vigente. El Gobierno necesita mostrar avances.
La Secretaría de Energía busca limpiar el balance de Enarsa. Quiere dejar de acumular pérdidas por compra de GNL. Pretende que los privados paguen el costo completo del insumo importado. Pero el mercado no responde.
El fracaso comercial impacta en la estrategia oficial. Mientras no haya compradores dispuestos a pagar el valor real, la empresa seguirá absorbiendo costos. Eso choca con el ajuste fiscal y la presión del Fondo Monetario.
Las cifras del año complican el panorama. Nación estima que en 2025 se necesitarán importar 1.600 millones de metros cúbicos de gas. Esto equivale a 29 barcos. En 2024 se compraron 30 cargamentos. Solo se devolvieron dos.
El volumen se mantiene casi igual que el año pasado. Las compras no bajan. Las necesidades siguen firmes. Pero el contexto fiscal es más delicado. Los subsidios resultan cada vez más difíciles de sostener.
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Los privados no arriesgan sin garantías regulatorias. Si no pueden aplicar el passthrough —mecanismo para trasladar el costo a las tarifas—, el negocio se vuelve inviable. Nadie quiere asumir ese riesgo financiero.
La estructura del mercado energético no ayuda. Las tarifas siguen intervenidas. Los valores finales no reflejan los costos reales. Las empresas temen perder dinero y prefieren no entrar en el juego.
El modelo de subsidios parece agotado. Pero su reemplazo no aparece claro. El Estado sigue pagando la diferencia entre el costo internacional del gas y el precio que paga el usuario argentino.
El buque regasificador de Escobar sigue operativo. Procesa el GNL importado para inyectarlo al sistema. Pero sin compradores dispuestos a pagar su precio, la operación se transforma en un gasto sin retorno.
El problema se agrava en invierno. La demanda sube. El gas importado se vuelve imprescindible. Pero también más caro. Y la brecha con lo que pagan los usuarios se profundiza.
Las empresas piden definiciones urgentes. Reclaman reglas claras. Plantean que sin una política tarifaria coherente no hay espacio para un mercado mayorista real. Sin cambios, las subastas seguirán vacías.
El Gobierno enfrenta un dilema estructural. Si mantiene los subsidios, incumple sus metas fiscales. Si los elimina sin red, afecta a millones de hogares. Si fuerza las subastas, choca con la realidad del mercado.
Enarsa queda atrapada entre la política y el mercado. No puede imponer precios. No puede recortar el suministro. Y no puede dejar de comprar gas si quiere evitar cortes en el invierno.
Los especialistas advierten sobre los tiempos. Octubre es la fecha límite del FMI. Para entonces, el Gobierno debe mostrar recortes en subsidios. Pero el modelo energético sigue sin cambios reales.
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Los consumidores no pueden pagar tarifas que reflejen el precio internacional. La economía familiar no soporta ese salto. La transición necesita medidas compensatorias y gradualismo. Pero no aparece en los planes oficiales.
Enarsa sigue en el centro del conflicto. Actúa como instrumento de contención, aunque en proceso de privatización. Las subastas fallidas revelan que el mercado no se adapta a la velocidad que pretende el Gobierno.
La energía importada cuesta. No se vende. El gas flota en el sistema. Nadie lo compra. Todos lo necesitan. Y la cuenta final la paga el Estado. Otra vez.
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