Milei derogó un decreto de 1935 que regulaba el empacado de hortalizas

El Gobierno nacional derogó un decreto que llevaba casi noventa años vigente y que aún regulaba el empacado y la fiscalización de hortalizas frescas destinadas a la exportación. La norma, redactada en 1935, fue eliminada por considerarse obsoleta y superada por nuevas regulaciones.

El Decreto 318/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, deja sin efecto el antiguo Decreto 71.178 del 20 de noviembre de 1935, el cual reglamentaba aspectos técnicos vinculados al comercio frutihortícola, especialmente la tipificación, el embalaje y la fiscalización de productos exportables. Se trataba de una norma complementaria de la vieja Ley 4863, orientada a prevenir plagas agrícolas.

En aquella época, la ley buscaba proteger los cultivos frente a la invasión de animales y vegetales parásitos que pudieran dañar la producción nacional. Establecía controles sobre frutas y hortalizas desde su estado sanitario hasta su conservación, embalaje y transporte.

La reglamentación de 1935 imponía criterios técnicos y obligaciones de inspección que fueron dejados de lado hace décadas. En 1963 se sancionaron nuevas normativas que reemplazaron el esquema anterior, aunque nunca se eliminó formalmente el decreto original.

Durante más de medio siglo, la norma quedó como un rezago legal sin aplicación práctica. La falta de actualización generó confusiones normativas y superposiciones regulatorias dentro del sector frutihortícola.

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El decreto firmado por Javier Milei sostiene que “el mantenimiento de normas desactualizadas genera confusión en los sectores alcanzados por la regulación, lo cual se traduce en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. Esa es la justificación central del nuevo paso normativo.

Para el Ejecutivo, la permanencia de estas reglas históricas es parte del desorden legal acumulado durante décadas. Por eso la medida forma parte del proceso de limpieza de "hojarasca" normativa, que el gobierno impulsa desde comienzos de su gestión.

La decisión busca generar un entorno jurídico más claro y eficiente para los operadores económicos. Se trata de evitar regulaciones que ya no tienen validez operativa, pero que siguen figurando en el marco legal argentino.

El Gobierno explica que uno de sus principales objetivos es "alcanzar una administración pública al servicio de los ciudadanos, que mejore sus estándares de eficiencia, eficacia y calidad". Aspira a una respuesta más rápida y efectiva frente a las demandas sociales.

La medida fue bien recibida por sectores exportadores del agro, que desde hace tiempo reclaman una revisión del aparato regulatorio. Productores y cámaras frutihortícolas consideran que estas normas añejas dificultan trámites y generan inseguridad jurídica.

Según referentes del sector, la derogación no implica un debilitamiento de los controles sanitarios. El SENASA y otros organismos mantienen intactas sus facultades sobre fiscalización e inocuidad de alimentos.

Desde el ámbito técnico también se señala que la norma de 1935 había perdido validez por acumulación normativa. Su vigencia era solo formal, sin impacto real en los procedimientos de exportación actuales.

El decreto derogado se refería exclusivamente a productos destinados al comercio internacional. No regulaba ni afectaba el mercado interno de frutas y hortalizas, ni el consumo doméstico.

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El texto de 1935 respondía a un contexto agrícola sin tecnologías modernas, sin estándares internacionales y con una estructura de control estatal incipiente. Hoy, con tratados de comercio, trazabilidad y normas ISO, ese marco quedó totalmente desactualizado.

La derogación tiene un valor simbólico y práctico. Elimina una traba jurídica obsoleta y al mismo tiempo refuerza la intención del gobierno de avanzar en una reforma integral del Estado.

La política de revisión normativa abarca decretos, resoluciones y leyes en múltiples áreas. El objetivo declarado es eliminar toda regulación que no tenga utilidad operativa o que haya sido reemplazada por otras más modernas.

El Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura colaboran en este proceso de depuración legislativa. Han sido clave en la identificación de normas incongruentes o sin vigencia efectiva.

Esta no es la primera vez que Milei elimina decretos antiguos. Durante los primeros meses de gestión, ya se habían anulado varias normativas en comercio, industria y transporte.

El concepto de “hojarasca normativa” surgió en los documentos técnicos del Ministerio de Modernización. Se refiere al conjunto de regulaciones viejas que sobreviven sin justificación legal clara.

Los especialistas advierten que muchas veces estas normas son utilizadas como herramientas de control discrecional. Por eso su eliminación genera mayor previsibilidad y transparencia.

Sin embargo, sectores críticos temen que esta política se transforme en una poda desordenada. Advierten que pueden eliminarse normas protectoras si no se analizan con suficiente rigor técnico.

Desde el gobierno aseguran que cada eliminación se evalúa con base jurídica y técnica. El objetivo no es debilitar al Estado sino ordenarlo.

La eliminación del decreto de 1935 no modifica la normativa vigente actual sobre exportaciones. Las obligaciones legales se mantienen bajo otras leyes y decretos más recientes.

Para muchos operadores agrícolas, el gesto es más administrativo que productivo. Sin embargo, valoran el intento de ordenar el sistema legal argentino.

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En el ámbito jurídico, la medida se considera parte de una reforma legal silenciosa. No ocupa titulares, pero puede tener gran impacto acumulado.

Desde la Casa Rosada ya anticiparon que seguirán las derogaciones. La meta es reducir la cantidad de normas activas a menos de la mitad en cuatro años.

Esta estrategia busca simplificar el Estado sin eliminar funciones necesarias. El enfoque es técnico y no ideológico, aseguran desde el Ejecutivo.

El agro argentino enfrenta otros desafíos mayores como los costos, el clima y la logística. Pero estas acciones colaboran con el objetivo de desburocratizar el sector.

La decisión sobre el decreto de 1935 se inscribe en una visión más amplia. La de construir un Estado liviano, eficiente y centrado en los resultados.

El proceso de modernización normativa avanza paso a paso. Con cada decreto derogado, el Gobierno busca desatar un nudo del aparato estatal.