Narcotráfico en Rosario
El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la aplicación de la ley antimafia en Rosario. Se trata de la primera vez que esta normativa se utiliza en el país desde su sanción en marzo. La ciudad fue declarada “zona sujeta a investigación especial” por su conflictividad delictiva sostenida.
La norma otorga nuevas herramientas a las fuerzas de seguridad y a la Justicia Federal. Permite la intervención de comunicaciones digitales y la eliminación de beneficios penales por jerarquía dentro de una banda. Todo el grupo será juzgado con la misma severidad, sin distinción de roles.
La decisión fue comunicada por la ministra Patricia Bullrich, quien ya lo había anticipado en abril. Rosario fue seleccionada tras un trabajo de inteligencia criminal que detectó patrones reiterados de violencia. El comité de crisis provincial continúa activo desde marzo de 2024.
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La resolución publicada en el Boletín Oficial argumenta la medida con base en hechos delictivos graves. Las autoridades señalaron que las bandas buscan controlar territorios mediante amenazas, asesinatos y atentados. La ley puede aplicarse si los mecanismos tradicionales resultan insuficientes.
Los homicidios en Rosario aumentaron levemente en el primer trimestre del año, a diferencia del resto de la provincia. La capital santafesina registró una baja del 6,3 %, mientras que Rosario tuvo un alza del 5,7 %. Sin embargo, la comparación con 2023 evidencia una caída marcada del 47 %.
El Ministerio de Seguridad destacó que, si bien los asesinatos bajaron, persisten las balaceras y crímenes selectivos. El barrio 7 de Septiembre, en el noroeste rosarino, volvió a registrar ataques vinculados a bandas locales. Una de ellas, conocida como Los Menores, está vinculada a la barra de Rosario Central.
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El funcionamiento del comité de crisis será determinante para aplicar la normativa de manera extendida. Este espacio reúne a autoridades provinciales, federales y judiciales con facultades especiales de acción. La coordinación será fundamental para sostener la operatividad de las investigaciones.
Según Germán Pugnaloni, director de Prevención del Delito, lo novedoso de la ley son sus herramientas específicas. Las investigaciones no dependerán exclusivamente de intervenciones telefónicas. Se incorporan ahora redes sociales, plataformas de mensajería y otras formas digitales de comunicación.
“Con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de interceptaciones”, establece la nueva ley. Esto permitirá investigar más rápido y con mayor alcance. Se elimina la demora habitual para obtener nuevas autorizaciones judiciales.
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La ley prevé penas de entre 8 y 20 años para quienes integren o colaboren con bandas narco violentas. Ya no habrá reducción de responsabilidad por tareas menores dentro de la organización. Esto incluye al reclutador, al sicario y al jefe con la misma severidad legal.
Las principales bandas ya desarticuladas siguen generando efectos colaterales en el territorio. Los clanes de Los Monos, Esteban Alvarado, Funes y Caminos continúan bajo observación. Sus estructuras fueron golpeadas pero surgieron nuevos actores violentos.
Rosario será un laboratorio jurídico y operativo para evaluar la eficacia de la ley. El gobierno nacional busca extender el modelo a otras ciudades si los resultados son positivos. La decisión fue acompañada de refuerzos en el despliegue federal.
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Desde diciembre de 2023 se activó el Plan Bandera en Rosario, con presencia de fuerzas federales. Las tareas se realizan en conjunto con la Policía provincial y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. El objetivo es recuperar espacios dominados por estructuras criminales.
El Comité de Crisis fue activado por pedido del gobernador Maximiliano Pullaro tras una serie de asesinatos. Entre las víctimas hubo trabajadores y personas ajenas a las bandas, lo que generó conmoción pública. Esa situación justificó la declaración de emergencia.
Según datos del Observatorio de Seguridad Pública, los homicidios descendieron a nivel provincial. En el primer trimestre de 2025 hubo 59 asesinatos, frente a 65 en 2024 y 120 en 2023. La baja general contrasta con los focos persistentes en Rosario.
Fuente: La Nación.
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