Tres millones de dólares para Sierra Grande: Una promesa con gusto a poco
Política20/05/2025
Sergio Bustos
Siguen las polémicas en Sierra Grande.
El gobierno de Río Negro anunció que Sierra Grande recibirá un porcentaje del acuerdo firmado con VMOS SA, pero la letra chica muestra una realidad menos alentadora. El municipio solo accederá al cinco por ciento del bono inicial, lo que equivale, en esta primera etapa, a apenas tres millones de dólares. En el contexto de una inversión proyectada de más de mil millones de dólares en trece años, el aporte inicial parece simbólico y escasamente transformador para una localidad históricamente relegada.
La construcción del oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto de Punta Colorada ha sido presentada como un proyecto estratégico para la provincia y el país, pero Sierra Grande empieza el camino con un saldo modesto. Mientras la obra se instala en su territorio, el municipio recibe una cifra que difícilmente alcance para modificar sustancialmente sus condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios básicos.
El anuncio fue formalizado a través de un Proyecto de Ley enviado a la Legislatura con Acuerdo de Ministros, que ratifica el acta firmada el 16 de mayo entre el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de VMOS SA, Gustavo María Gallino. El texto habilita una serie de beneficios económicos para la provincia, entre los que figuran aportes comunitarios, tasas ambientales y uso de infraestructura, además del Impuesto a los Ingresos Brutos. Sin embargo, poco se explica sobre los criterios de reparto y los beneficios reales para las comunidades que ceden territorio.
El bono que recibirá Sierra Grande está supeditado a la presentación de proyectos por parte del municipio y su posterior aprobación por el Ejecutivo Provincial. Esto significa que los fondos no llegarán de manera directa ni automática, sino que deberán atravesar un filtro administrativo controlado por una comisión de seguimiento que se conformará por reglamentación. En los hechos, esto coloca a la comuna en una posición de dependencia absoluta del gobierno provincial.
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El Poder Ejecutivo ha enfatizado que el uso de esos fondos deberá estar orientado exclusivamente al financiamiento de obras, adquisición de equipamiento o infraestructura, sin posibilidad de destinarlos a otros fines. Aunque esto podría parecer razonable, el monto inicial resulta escaso incluso para cumplir con estos objetivos básicos, más aún en un contexto inflacionario como el actual.
El gobernador Weretilneck aseguró que el acuerdo generará ingresos extraordinarios que permitirán “sostener salud, educación, infraestructura y seguridad” en toda la provincia. También destacó que se trata de “un hecho histórico” porque VMOS SA tendrá sede y domicilio fiscal en Río Negro. Sin embargo, la contracara de este discurso optimista es el bajo impacto inmediato que tendrá el acuerdo en el municipio que aloja uno de los componentes más críticos del proyecto: el puerto de Punta Colorada.
Los tres millones de dólares asignados en esta primera etapa difícilmente logren satisfacer las necesidades urgentes de una localidad que ha sido postergada durante décadas. Sierra Grande necesita inversiones de fondo, no gestos simbólicos. El monto anunciado apenas alcanza para iniciar obras menores o adquirir equipamiento limitado, sin transformar de raíz la infraestructura local.
El anuncio llega con una fuerte carga de marketing político, pero carece de una mirada estructural sobre el rol que deberá jugar Sierra Grande en el nuevo esquema energético nacional. Mientras la provincia se proyecta como un nodo petrolero clave, la comunidad portuaria sigue a la espera de soluciones concretas que mejoren su calidad de vida.
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La iniciativa legislativa también contempla la eximición del Impuesto de Sellos para todos los actos relacionados con el acuerdo, además de autorizar la venta de 170 hectáreas a VMOS para la construcción de la terminal. Estos beneficios impositivos y la enajenación de tierras muestran el esfuerzo de la provincia por atraer inversión privada, pero la contrapartida para los municipios todavía resulta débil.
El acuerdo permite soñar con un horizonte de crecimiento, pero no está claro cómo se distribuirán efectivamente los beneficios. Si la lógica es replicar el esquema de los tres millones iniciales, muchas localidades quedarán atrapadas en una retórica de progreso que no se traduce en transformaciones palpables.
Sierra Grande representa el caso testigo de una comunidad que da mucho y recibe poco. Cede territorio estratégico, acompaña el discurso de modernización energética, pero apenas obtiene un cinco por ciento del bono inicial, diluido en múltiples requisitos burocráticos y con escasa autonomía sobre su uso.
No se cuestiona la importancia del proyecto VMOS, sino el desequilibrio entre la magnitud de la inversión y la participación real de los municipios involucrados. En lugar de construir federalismo, se corre el riesgo de consolidar una relación desigual entre la provincia y las comunidades locales.
En sus declaraciones, Weretilneck aseguró que “esto es más que un acuerdo económico”. Sin embargo, para Sierra Grande, lo que importa hoy no es el discurso, sino el impacto concreto de esos recursos. Y tres millones de dólares parecen muy poco para inaugurar una nueva era.
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La provincia busca posicionarse como líder en el sector energético, pero debería comenzar por fortalecer a sus localidades clave. Si Sierra Grande no se transforma con este proyecto, se habrá perdido otra oportunidad para equilibrar el mapa provincial.
El puerto de Punta Colorada es una pieza central del proyecto, y sin embargo, su comunidad cercana recibe apenas las sobras del acuerdo. Se habla de un proyecto estratégico, pero no se reconoce con hechos la centralidad del territorio que lo alberga.
La comisión de seguimiento que evaluará los proyectos municipales será clave para destrabar fondos. Pero también puede convertirse en un cuello de botella político y administrativo que dilate inversiones esenciales para los vecinos.
No hay precisiones sobre cuándo llegará efectivamente el dinero a Sierra Grande. La legislación apenas establece un esquema general que deja muchos detalles abiertos y sujetos a interpretación política.
El contraste entre el total del acuerdo —más de mil millones de dólares— y los tres millones iniciales para Sierra Grande es difícil de justificar. La desproporción revela una jerarquía de prioridades donde las comunidades locales ocupan un lugar marginal.
Los funcionarios destacan la previsibilidad fiscal del acuerdo por 30 años. Pero la previsibilidad que necesita Sierra Grande es la de acceso a agua, energía, salud y educación, no promesas a largo plazo que no cambian el presente.
La provincia debe garantizar mecanismos de participación reales para los municipios. No alcanza con transferencias condicionadas y escasa capacidad de decisión local.
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Si la provincia será sede fiscal de VMOS, Sierra Grande debe ser algo más que un simple beneficiario ocasional. Tiene que participar activamente en el destino de los recursos que se generen en su territorio.
El acuerdo con VMOS puede marcar un antes y un después para Río Negro, pero solo si los beneficios alcanzan efectivamente a sus habitantes. De lo contrario, será apenas otro caso de extractivismo territorial con rostro amable.
Las comunidades merecen más que porcentajes simbólicos y discursos grandilocuentes. Necesitan infraestructura, oportunidades laborales y protagonismo en las decisiones.
El oleoducto representa una oportunidad histórica, pero también un riesgo si no se construye con equidad. Sierra Grande tiene derecho a algo más que migajas.
La venta de tierras a VMOS puede ser estratégica, pero también debe discutirse su impacto local. ¿Qué obtendrá a cambio la comunidad por ceder 170 hectáreas clave?
El acuerdo ya ingresó en la Legislatura. Ahora es tarea de los legisladores garantizar que el contrato no consagre privilegios privados y deudas públicas.
El poder político no puede seguir administrando recursos como premios. Los municipios deben tener garantizados sus derechos, no mendigar transferencias.
Sierra Grande empieza recibiendo poco. Si no hay cambios, terminará viendo pasar el oleoducto mientras sigue esperando obras que nunca llegan.
La provincia tiene la oportunidad de hacer historia, pero debe comenzar con gestos concretos. Tres millones de dólares no alcanzan. Sierra Grande merece más.
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