Facilitan el acceso a armas.
El Gobierno nacional lanzó un nuevo trámite digital para facilitar el acceso a la portación de armas. Esta medida, anunciada a través de la Resolución 45/2025 y publicada en el Boletín Oficial, habilita un mecanismo express para gestionar permisos desde la plataforma MiAnmac sin necesidad de realizar trámites presenciales.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Transformación Digital Integral de la ANMaC. Según el organismo, la intención es agilizar procesos, reducir tiempos y mantener los estándares legales en la entrega de permisos, pero con un enfoque moderno, descentralizado y con herramientas tecnológicas aplicadas al control de antecedentes.
El trámite fue bautizado como “Tenencia Express” y está disponible desde cualquier punto del país. Los usuarios podrán acceder a través de la web oficial de MiAnmac, completar los formularios, realizar los pagos y gestionar sus credenciales sin moverse de su domicilio, lo que marca un cambio significativo en la relación entre ciudadanos y el control estatal de armas.
Los procedimientos incorporan mecanismos automatizados de revisión de antecedentes. De este modo, se verifican bases de datos judiciales, policiales y administrativas, así como también la situación de revista de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales y del Servicio Penitenciario.
Una vez finalizada la validación, los solicitantes podrán tramitar también la Tarjeta de Consumo de Municiones. Esta credencial permitirá comprar proyectiles en comercios habilitados y será emitida en formato digital, con integración total al ecosistema de la app MiArgentina.
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El nuevo esquema también unifica criterios tarifarios mediante la creación de Unidades ANMaC. Con esto se busca estandarizar precios en todo el país y evitar diferencias de costo entre jurisdicciones, algo que era habitual en los trámites presenciales previos.
En paralelo, el Gobierno redujo la edad mínima para la tenencia y portación de armas. Desde diciembre del año pasado, y mediante la modificación del artículo 55 de la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429), se estableció que el nuevo piso será de 18 años en lugar de los 21 que regía anteriormente.
Esta flexibilización generó preocupación en sectores académicos, judiciales y civiles. Distintas organizaciones plantearon reparos ante la posibilidad de que aumenten los niveles de circulación de armas sin un análisis profundo del impacto social, sobre todo entre jóvenes adultos.
Además de reducir la edad, el Gobierno eliminó requisitos clave para comerciantes. En mayo de este año, la Resolución 49/2025 dejó sin efecto la obligatoriedad de contar con habilitación municipal e inscripción previa en la ANMaC, algo que antes resultaba indispensable para operar.
La medida alcanza a minoristas, mayoristas, talleres y fábricas pequeñas. Se habilita el funcionamiento de productores artesanales, siempre que no superen una producción anual de 1.200 unidades, en lo que se interpreta como un guiño al comercio informal o de baja escala.
También se flexibilizan condiciones para la producción de municiones y piezas especiales. Los nuevos beneficios alcanzan a plantas de destrucción de armamento, depósitos de armas, talleres de reparación, entidades de tiro y fábricas de elementos de recarga.
La nueva normativa impacta directamente en los clubes de tiro y su operatoria. Las entidades ya no necesitarán habilitación local para funcionar, lo que recorta pasos burocráticos y genera un mayor margen de maniobra para su actividad regular.
Otro punto polémico es el uso de armas decomisadas por las fuerzas de seguridad. El nuevo marco legal permite que esas armas puedan ser reutilizadas, siempre que estén registradas, almacenadas y bajo custodia oficial hasta que el Ministerio de Seguridad determine su destino.
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El argumento oficial sostiene que estas modificaciones buscan optimizar recursos. Reutilizar armamento ya disponible permitiría ahorrar costos en equipamiento y fortalecer operativos contra el crimen organizado, sin adquirir nuevos elementos.
Las armas recuperadas deberán ser entregadas a la ANMaC. Allí se realizará su verificación técnica, se almacenarán en depósitos oficiales y quedarán en espera de una definición formal por parte del Ministerio, que puede asignarlas o destruirlas.
El Gobierno argumenta que la digitalización mejora la trazabilidad. Con la integración de las plataformas MiAnmac y MiArgentina se espera una mayor precisión en el seguimiento de datos, renovaciones y antecedentes, evitando la superposición de registros manuales.
Sin embargo, algunas voces advierten sobre la falta de controles reales. El carácter express del trámite, sumado a la automatización, podría dejar vacíos o zonas grises difíciles de detectar hasta que ocurra un hecho grave.
El anuncio generó adhesiones en el sector comercial. Comerciantes minoristas destacan la eliminación de trabas municipales y celebran la posibilidad de operar con menos restricciones, algo que ven como un alivio en un contexto económico difícil.
También hay reclamos desde el sector judicial. Algunos fiscales y jueces temen una avalancha de permisos sin control y piden mayor presencia del Estado en la etapa de fiscalización previa a la entrega final.
El Gobierno sostiene que la medida reduce el gasto público. Elimina traslados, papelería, intermediarios y oficinas físicas, todo bajo la lógica de simplificación administrativa y recorte del Estado, uno de los ejes centrales de la actual gestión.
Desde organizaciones civiles expresaron su alarma por la baja de requisitos. Entidades que trabajan en prevención de violencia de género y violencia institucional alertan sobre el riesgo de facilitar el acceso a armas sin un análisis de contexto social y familiar.
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El nuevo sistema prioriza la automatización sobre la entrevista personal. En el proceso anterior, muchos casos se evaluaban individualmente. Con esta nueva lógica, la validación se reduce a cumplir parámetros técnicos.
En la práctica, la regulación quedó más flexible que nunca. El control final queda a cargo del sistema informático y se pierde capacidad humana para detectar irregularidades no tipificadas en los formularios.
El Ministerio de Seguridad aseguró que mantendrá auditorías internas. Prometió realizar verificaciones aleatorias, revisar comportamientos posteriores y retirar permisos si se detectan infracciones.
Por ahora no se prevé una campaña pública de concientización. La medida se comunicó vía Boletín Oficial y se difundió en portales especializados, pero sin un abordaje masivo ni debate en medios generalistas.
El impacto político es evidente. El Gobierno refuerza su perfil desregulador, flexibiliza el control estatal y avanza sobre áreas sensibles con respaldo de decretos y resoluciones, sin pasar por el Congreso.
Algunos legisladores analizan frenar estas medidas por vía judicial. Estudian presentar amparos o recursos de inconstitucionalidad para detener la implementación de una política que consideran riesgosa.
Mientras tanto, ya comenzaron las primeras solicitudes bajo el sistema express. Usuarios validaron sus perfiles, descargaron credenciales y comenzaron a usar el nuevo canal, que ya está activo en todo el país.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados definirá los próximos pasos. Planea incorporar nuevos servicios digitales y facilitar aún más los trámites de renovación, cancelación o compra de armamento.
La portación de armas entra en una nueva etapa. El debate social está abierto, y los próximos meses mostrarán el verdadero impacto de una regulación que cambió con un clic.
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Sergio Bustos
Actualidad02/07/2025
