Fallo por YPF: advierten que el país puede perder el control de la petrolera

La sentencia judicial que obliga a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares por la expropiación de YPF volvió a instalar el debate sobre las consecuencias institucionales y económicas de aquella decisión. El abogado Marcelo Constanza fue categórico en su análisis: “En economía podés tomar cualquier decisión. Lo que no podés evitar son las consecuencias”, aseguró en diálogo con #LA17. El fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska sacudió al país, al responsabilizarlo por la forma en que se realizó la estatización del 51% de la petrolera en 2012, sin contemplar a los accionistas minoritarios.

Constanza recordó que en aquel momento hubo una mayoría contundente en el Congreso que aprobó la medida, mientras muchas advertencias fueron ignoradas. “La expropiación tuvo 208 votos a favor. Sólo 32 se opusieron”, explicó, y citó el caso de Federico Pinedo, uno de los pocos legisladores que advirtió el riesgo legal de avanzar sobre una empresa con cotización en la Bolsa de Nueva York sin respetar su estatuto. “No podés despojar a un solo grupo de accionistas. Eso está en el estatuto. Y no se respetó”, afirmó.

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Para el abogado, el golpe no es solo económico: es también institucional. En caso de ejecutarse la sentencia, el fondo Burford —que representa al Grupo Petersen— podría quedarse con el 51% de la compañía. “Sería perder el control de una empresa estratégica para Vaca Muerta”, advirtió. Agregó que esto refleja una cadena de improvisaciones y omisiones que el Estado nunca asumió como errores.

En su repaso, Constanza trazó paralelismos con otros antecedentes legales que terminaron siendo costosos para la Argentina. Habló del juicio por el cupón PBI, en el que “se falsearon los datos del INDEC para pagar menos intereses. El vuelto llegó. Siempre llega”. En esa misma línea, arremetió contra las contradicciones en la defensa del Estado, y apuntó al rol de Carlos Zannini: “Trabajó para el Grupo Petersen y después defendió al Estado en este juicio. Es inadmisible”.

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También criticó al juez Ariel Lijo por no haber avanzado con la denuncia inicial en la justicia argentina. Esa falta de impulso, sostuvo, permitió que la causa avanzara en Estados Unidos sin que el país tomara una posición jurídica firme. Consultado sobre si aún existe la posibilidad de que la justicia estadounidense se declare incompetente, respondió sin rodeos: “Después de 13 años de juicio, es imposible que cedan la causa a la Argentina”.

Respecto a una eventual negociación con Burford, reconoció que la situación es desfavorable. “Ya arrancamos de un monto altísimo. El Estado llega tarde, como siempre. Pero algo hay que hacer. Si no, podemos perder el control de YPF”, expresó. En su opinión, la estrategia del Estado fue “débil y errática”, y sus consecuencias ya están a la vista. “Las malas decisiones legales cuestan, y mucho. Nadie se hace cargo de nada”.

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Aunque su análisis fue duro, insistió en que no responde a ninguna postura partidaria. “No tengo necesidad de decir nada que no piense. Hay que hablar claro, sobre todo cuando todo está tan contaminado”, reflexionó. Y fue más allá: remarcó que esta situación pone en evidencia cómo la improvisación política y la falta de control institucional terminan afectando al conjunto de la sociedad.

Sobre el impacto financiero, consideró que el país no tiene margen para absorber una deuda de ese volumen. “Hoy no podemos emitir bonos ni acceder al crédito internacional. Nos metimos solos en este pozo”, afirmó. También opinó sobre la propuesta del gobierno para cambiar la moneda por un “argentum” de 1.000 pesos. Su respuesta fue escueta pero contundente: “No importa el nombre de la moneda, sino que la gente la quiera tener”.

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En el cierre, Constanza sintetizó su visión con una advertencia que excede lo técnico. “Este fallo es un espejo. Muestra lo que pasa cuando la política improvisa y la justicia no actúa. El precio lo pagamos todos”.