La pesca en Río Negro también afectada.
La crisis pesquera impacta con fuerza en Río Negro, donde más de 600 trabajadores esperan respuestas. La campaña del langostino no comenzó y la actividad está completamente paralizada. El conflicto a nivel nacional también afecta a San Antonio Oeste y Sierra Grande.
Por primera vez en décadas, la temporada de pesca del langostino no se inició. Empresas y sindicatos mantienen posiciones encontradas. Mientras tanto, marineros, estibadores y trabajadores en tierra están sin tareas, sin ingresos y sin certezas.
Las cámaras empresariales justifican la parálisis con argumentos económicos. Denuncian costos internos altos, precios internacionales bajos y convenios colectivos desactualizados. Los gremios rechazan esa lectura y acusan una maniobra patronal para imponer una rebaja salarial del 30%.
Desde los sindicatos sostienen que esa reducción afecta el núcleo del salario. El premio por producción constituye el ingreso principal de los marineros. También incluiría quitas jubilatorias y sindicales, con un impacto total que supera el 50%.
“La lucha es ardua y esperemos que se solucione pronto”, expresó Juan Pablo Gattoni. El dirigente del SOMU de San Antonio Oeste remarcó que la situación se agrava cada semana y afecta a todo el ecosistema pesquero provincial.
El epicentro sigue en Mar del Plata y Puerto Madryn, pero la Patagonia rionegrina no escapa al conflicto. El ministro Carlos Banacloy aseguró que “la situación es la misma que en todo el país” y pidió intervención urgente.
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Entre San Antonio Oeste y Sierra Grande hay al menos 600 puestos laborales paralizados. Son tareas estacionales que se concentran durante cuatro meses y dependen directamente de la zafra de langostino.
Banacloy reconoció que “es imposible hacer la campaña” en este contexto. Aseguró que la situación impide incluso sacar la cuota social que le corresponde a la provincia. “Hay medidas que quedaron desfasadas”, agregó.
La pesca en el golfo San Matías está bajo jurisdicción provincial. Pero la actividad más allá de las 200 millas es responsabilidad exclusiva de la Nación. El funcionario remarcó esa diferencia al explicar la limitación del gobierno local.
El gobierno trabaja para extender la emergencia pesquera por seis meses. Banacloy señaló que la idea es sostener al sector hasta el verano y que se están preparando líneas de financiamiento para asistir a los damnificados.
Actualmente solo una planta se encuentra activa en la zona. La 16 de Abril opera con poca merluza y algo de langostino proveniente de otras regiones. Apenas hay 50 trabajadores estables y un puñado de tripulantes.
Los intendentes Roxana Fernández y Adrián Casadei respaldaron el reclamo. Ambos mantuvieron reuniones con representantes sindicales. “Todavía no pudimos hablar con el gobernador”, lamentó Gattoni.
Desde Nación no llegaron respuestas concretas. Las negociaciones continúan, pero sin avances sustanciales. La mesa técnica creada semanas atrás no logró destrabar el conflicto ni frenar la escalada social.
Los gremios remarcan que el problema se generó fuera del mar. “Las oficinas paralizaron la flota, no los trabajadores”, insisten desde el SOMU. La falta de decisión política es una de las mayores críticas.
Magdalena Odarda presentó una declaración legislativa contra la rebaja salarial. Sin embargo, el tratamiento sobre tablas fue rechazado. Ayelén Spósito también propuso extender la emergencia un año, pero el proyecto no avanzó.
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Gattoni aseguró que “no vamos a permitir que se baje un solo punto del salario”. Denunció que la quita propuesta por las empresas incluye aportes sindicales, previsionales y plus productivos.
El sindicalista mencionó a la empresa Conarpesa como una de las responsables del paro. Se trata de una firma de capitales españoles radicada en Puerto Madryn. Según Gattoni, promueve la inactividad para forzar un nuevo convenio.
Mientras tanto, cientos de familias siguen sin ingresos. La incertidumbre crece y el malestar se profundiza. “Muchas familias la están pasando muy mal”, repitió el representante gremial.
La crisis también afecta a maquinistas, capitanes y trabajadores en tierra. El reclamo ya no es solo de los marineros. Se sumaron otros sectores del complejo pesquero.
Los trabajadores embarcados salen desde Mar del Plata, Caleta Olivia, Rawson y Puerto Madryn. Pero son rionegrinos y viven en San Antonio Oeste y Sierra Grande. Hoy están sin trabajo ni horizonte.
La provincia también busca un nuevo subsecretario de Pesca. Jessica Ressler dejó el cargo y se sumó al equipo municipal de Casadei. Banacloy busca un perfil local para reemplazarla.
El ministro dijo que se necesita alguien con identidad territorial. También mencionó la importancia del proyecto que traiga el nuevo funcionario. “Es un momento de refundación pesquera”, remarcó.
Banacloy pidió revisar aspectos de la ley de pesca. Aunque no dio precisiones, insistió en que hay cambios que no pueden postergarse. El conflicto actual podría ser una oportunidad para hacerlo.
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El gobierno quiere incorporar a la pesca artesanal e industrial. Las nuevas condiciones de emergencia se definirán con todos los sectores involucrados. Se prevén medidas de alivio económico para el rubro.
Mientras tanto, el mar está quieto. La flota permanece amarrada, los barcos no salen y la industria no produce. La situación es insostenible para cientos de familias.
El clima social empieza a tensarse. Los gremios evalúan nuevas medidas de fuerza. Los empresarios se mantienen firmes en sus planteos. Nación, por ahora, mira desde lejos.
Río Negro, que no era protagonista del conflicto, ahora se convierte en nuevo foco de alerta. La cadena de valor se detiene. Las consecuencias ya están a la vista y podrían empeorar.
Sin zafra, sin ingresos y sin trabajo, el sector pesquero atraviesa un momento crítico. Las decisiones políticas marcarán si se logra destrabar el conflicto o si el mar seguirá vacío.
Para cientos de rionegrinos, el futuro está atado a una red que hoy no se tira. La pesca, en vez de generar trabajo, genera incertidumbre. Y la paciencia empieza a agotarse.
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