Cristina Kirchner Foto generada por AI Grok
Apenas horas después de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, el entorno de Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará su caso ante organismos judiciales internacionales. El abogado Gregorio Dalbón confirmó que ya se presentó una denuncia formal en la Corte Penal Internacional (CPI) por persecución política, judicial y mediática, además de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado argentino.
La decisión de avanzar en el plano internacional marca una nueva fase en la estrategia judicial y política de la ex mandataria, quien desde la sede del Partido Justicialista afirmó que el “partido judicial” busca cercenar el voto popular. Según detalló Dalbón, el escrito fue entregado a la Oficina del Fiscal en La Haya y plantea que las recientes decisiones judiciales contra Fernández de Kirchner responden a un patrón sistemático de persecución con fines de neutralización política.
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El documento de 21 páginas advierte que en el contexto de protestas sociales, especialmente las encabezadas por jubilados los días miércoles, se registraron “episodios de tortura, privación grave de la libertad física y persecución por motivos políticos”, configurando presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta presentación es el primer paso de una ofensiva más amplia que incluirá la elevación de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un plazo de seis meses.
El escrito también denunció la tramitación “inusualmente expedita” de la causa Vialidad luego del anuncio de la ex presidenta de presentarse como candidata, y la tildó de “detención arbitraria inminente”, producto de una supuesta falta de imparcialidad en el Poder Judicial. Según Dalbón, se está utilizando al sistema judicial como “herramienta de represión política” mediante la manipulación de jueces, la concentración de causas y la fijación de sentencias en fechas electorales clave.
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En paralelo, el equipo legal de Fernández de Kirchner prepara la presentación ante la CIDH, con sede en Washington. Si el organismo regional acepta el caso, podría emitir recomendaciones para revisar el fallo o modificar normas locales. En caso de negativa por parte del Estado argentino, se abre la posibilidad de que la CIDH eleve la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde el entorno de la ex mandataria confirmaron que se están articulando apoyos de líderes políticos internacionales a través de una carta pública que ya está en redacción. Este documento contará con las firmas de referentes de la región y del mundo y será presentado ante organismos multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar y respaldar la postura de Fernández de Kirchner.
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La Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró “fundada en ley” la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, en relación con contratos de obras viales en Santa Cruz. Con esta resolución, el caso quedó cerrado a nivel judicial interno, lo que habilita la vía internacional como última instancia.
A través de sus declaraciones públicas y acciones legales, la ex presidenta insiste en que se trata de un montaje judicial con fines políticos, coordinado entre sectores del Poder Judicial, los medios de comunicación y el poder económico. Desde su perspectiva, lo que está en juego no es solo su libertad o su carrera política, sino el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
Fuente: Infobae
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