Alberto Weretilneck.
El gobierno de Río Negro solicitó al Estado nacional la autorización correspondiente para comenzar con la emisión de Letras del Tesoro, en el marco de un plan financiero que fue aprobado por ley provincial el año pasado y que recién ahora se pone en marcha de manera efectiva.
La Provincia creó el Programa de Emisión de Letras de Tesorería con el decreto Nº 464 del 2 de junio, el cual fue publicado oficialmente este lunes y habilita la posibilidad de colocar hasta 60.000 millones de pesos en diferentes series y clases, todas en moneda nacional.
El objetivo de este programa es “cubrir deficiencias estacionales de caja”, según consta en los considerandos del decreto, y eso incluye tanto obligaciones salariales inmediatas como vencimientos de deuda a corto plazo que impactan sobre el equilibrio financiero de las cuentas públicas.
El expediente oficial ya fue ingresado en el Ministerio del Interior de la Nación, donde se deberá emitir un primer aval institucional antes de pasar al Ministerio de Economía, instancia definitiva para que el gobierno pueda avanzar con las operaciones de colocación en el mercado.
La autorización nacional se considera indispensable para determinar fechas, plazos y condiciones, ya que sin ese permiso formal la provincia no puede iniciar el proceso de emisión, más allá de que el marco legal ya fue habilitado por la Legislatura rionegrina con la ley N.º 5752.
El ministro de Hacienda Gabriel Sánchez impulso el pedido ante Nación con una estrategia clara, aunque hasta ahora había evitado activar este tipo de herramientas con la intención de mantener una línea de desendeudamiento, según expresaron voceros oficiales de la cartera económica.
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El nuevo escenario obliga a contemplar otras necesidades fiscales, entre ellas los depósitos correspondientes al salario de junio y el medio aguinaldo, que demandarán transferencias por aproximadamente 105.000 millones de pesos netos a lo largo del mes, según estimaciones provinciales.
Los funcionarios estiman que la colocación recién podrá concretarse en julio o incluso en agosto, siempre dependiendo de los tiempos administrativos de Nación y del cierre de contratos con los operadores financieros y analistas que deben intervenir en el proceso de emisión.
La herramienta financiera contempla Letras de corto plazo con vencimientos de hasta 365 días corridos desde su emisión, lo que permite resolver urgencias sin comprometer la situación fiscal del año siguiente, aunque con tasas que se fijarán de acuerdo al mercado.
El decreto faculta al Ministerio de Hacienda a ejecutar este programa y definir cada serie, con autonomía para fijar los términos, condiciones, oportunidad de emisión y monto de cada operación, siempre dentro del total máximo autorizado de 60.000 millones de pesos.
Las emisiones podrán dividirse en diferentes series y clases, todas denominadas en pesos, con la posibilidad de tener plazos y condiciones distintas entre sí, según lo que determine cada operación financiera y la conveniencia de mercado en el momento de la licitación.
En caso de realizar licitaciones, las tasas de interés se fijarán en función de las condiciones vigentes, según indica el propio decreto, aunque también podrían establecerse previamente en resoluciones administrativas específicas que definan condiciones generales por anticipado.
El gobierno analiza alternativas para lograr que las primeras colocaciones estén disponibles antes de la mitad del año, de modo que puedan utilizarse no solo para cumplir con el pago de sueldos sino también para atender obligaciones de deuda ya programadas.
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Entre esas obligaciones figura una nueva cuota del bono Castello, cuyo vencimiento está previsto para septiembre, con un monto estimado de 55.000 millones de pesos que la provincia deberá cubrir sin margen de postergación, ya que se trata de un título emitido en dólares.
El antecedente inmediato fue la cancelación en diciembre de un vencimiento por 4.000 millones de Letras, el cual fue afrontado mediante una nueva emisión por 11.000 millones, lo que generó un remanente de 7.000 millones que sirvió para pagar salarios pendientes.
El plan oficial fue diseñado para permitir una flexibilidad operativa que se adapte a las necesidades reales de financiamiento, con mecanismos abiertos para series consecutivas, montos parciales y plazos variables, según el momento económico y la demanda del mercado local.
El programa no incluye compromisos estructurales ni condicionamientos con organismos multilaterales, ya que se trata de una herramienta de uso interno a través del sistema financiero nacional, con colocaciones orientadas principalmente al sector privado y firmas inversoras del país.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda trabajan en los detalles administrativos del lanzamiento, mientras que se aguarda una definición política de Nación respecto al aval que deberá emitir el Ministerio del Interior en primera instancia y luego la cartera económica.
El pedido de autorización representa el primer paso del proceso formal, pero el diseño integral del plan contempla todas las variables necesarias para que la ejecución pueda comenzar de inmediato una vez aprobado el expediente por las autoridades nacionales.
El gobierno confía en que la emisión podrá canalizarse con éxito durante el invierno, tanto por la necesidad de recursos como por las condiciones del mercado, que permitirían una buena colocación si se lanza en el momento adecuado con tasas razonables.
Los funcionarios aseguran que aún no tienen precisiones sobre el monto de cada serie, pero ratificaron que el trámite se formalizó por el total de 60.000 millones autorizado por la ley y que ese es el tope que no podrá superarse en ningún caso.
El diseño del programa contempla una administración activa y transparente del endeudamiento, con informes periódicos sobre las condiciones de emisión, plazos, tasas, destino de los fondos y evolución de la deuda flotante, para garantizar control legislativo y seguimiento institucional.
El gobierno evitó recurrir a este instrumento durante los primeros meses del año, pero ahora considera imprescindible contar con liquidez suficiente para cubrir gastos salariales y evitar atrasos en el pago de sueldos, aguinaldos y compromisos con proveedores del Estado.
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El nuevo plan no reemplaza la política de orden fiscal impulsada hasta ahora, sino que busca reforzarla mediante una herramienta legal y operativa que brinde margen de maniobra ante situaciones imprevistas o exigencias de caja puntuales del segundo semestre.
El objetivo oficial es evitar una situación de estrés financiero durante julio y agosto, meses donde históricamente aumentan las necesidades de recursos por pagos salariales, recaudación estancada y compromisos de deuda acumulados en el trimestre.
El Ministerio de Hacienda mantiene una estrategia prudente en materia de deuda, pero reconoce que el contexto actual requiere utilizar los instrumentos disponibles, en especial aquellos que ya cuentan con respaldo legislativo y pueden implementarse sin reformas adicionales.
La Provincia se enfocará en emisiones locales para evitar riesgos de tipo de cambio, por lo que las Letras serán colocadas en pesos y en plazos cortos, con destino específico y seguimiento técnico desde la Tesorería General para asegurar su correcta aplicación.
Río Negro consolida así su programa financiero para 2025 con base legal, planificación operativa y foco en el equilibrio fiscal, a través de una herramienta que ya fue utilizada anteriormente y que ahora se reactiva para atender gastos clave del segundo semestre.
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