



En medio de las tensiones institucionales que rodean al sistema de justicia en Chubut, el gobernador Ignacio Torres se pronunció a favor de que la ciudadanía pueda votar la eliminación de los fueros, tanto judiciales como sindicales. En declaraciones recientes, el mandatario provincial acusó a sectores del Poder Judicial de intentar obstaculizar ese proceso y de sostener “privilegios” que no corresponden en una democracia.


“No creo en los privilegios de un poder sobre otro”, afirmó Torres, quien consideró que detrás de las resistencias hay disputas internas y pujas corporativas. En ese sentido, destacó que tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura dieron aval al proyecto para que se vote la eliminación de fueros, pero que “solo la Asociación de Magistrados” presentó objeciones legales.
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La ley sancionada contempla que el electorado chubutense se exprese en una consulta popular sobre el tema. Según el gobernador, ningún sindicato impugnó esa posibilidad, lo que contrasta con la reacción del sector judicial. “Yo me pregunto a qué le tiene miedo la Asociación de Magistrados”, deslizó, aludiendo al amparo judicial que pretende frenar el proceso.
Torres vinculó este tipo de maniobras con la preservación de privilegios históricos que, en su visión, deben terminar. “Lo que no vamos a permitir, y en esto vamos a ir hasta las últimas consecuencias, es que se le prohíba al pueblo chubutense votar para terminar de una vez por todas con los privilegios”, enfatizó.
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La propuesta del Ejecutivo provincial surgió tras el escándalo por la compra irregular de camionetas por parte del Poder Judicial, un hecho que generó repudio público. El gobernador remarcó que su gobierno también expresó su rechazo a ese episodio, pero que más allá de ese caso puntual, “el debate de fondo es otro: si la ciudadanía puede decidir o no sobre la existencia de fueros”.
Torres también recordó que hubo colaboración institucional entre los tres poderes para avanzar en otras reformas estructurales, como la agilización de procesos judiciales y la elaboración del nuevo Código Electoral provincial. “Se hicieron los debates necesarios, cualquiera pudo ir a la Legislatura a expresar su posición”, señaló. Por eso consideró inaceptable que ahora se pretenda frenar por vía judicial el derecho del electorado a manifestarse.
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Desde la Asociación de Magistrados aún no hubo una respuesta oficial a las declaraciones del gobernador. Sin embargo, fuentes vinculadas al sector judicial plantearon, en ocasiones anteriores, objeciones sobre la constitucionalidad del mecanismo propuesto y la supuesta intención del Ejecutivo de condicionar la independencia de la Justicia.
En este contexto, Torres volvió a plantear que su gobierno está decidido a avanzar con una transformación de fondo en la estructura institucional de la provincia. “Vamos a seguir firmes con esta propuesta”, aseguró, y reiteró que en democracia los ciudadanos deben tener la última palabra.









