La Justicia rechazó otro intento de Cristina Kirchner para cerrar una millonaria demanda civil

Cristina Fernández de Kirchner sufrió un nuevo revés judicial en el fuero civil y comercial, donde la Cámara rechazó por segunda vez su intento de cerrar una demanda millonaria impulsada por el Estado nacional. El reclamo asciende a 22.300 millones de pesos y se basa en obras viales adjudicadas a Lázaro Báez que fueron cobradas pero no concluidas, lo que habría generado un perjuicio económico para la administración pública. La presentación original data del gobierno de Mauricio Macri y continúa bajo el impulso de la gestión de Javier Milei, que ratificó su voluntad de sostener el litigio.

La defensa de la ex vicepresidenta había solicitado la caducidad del proceso en primera instancia, alegando inacción de la Dirección Nacional de Vialidad. Ese planteo fue rechazado por el juez Marcelo Bruno Dos Santos. Luego, Luis Goldin, abogado de Fernández de Kirchner, apeló ante la Sala III de la Cámara Civil, donde volvió a sostener la supuesta falta de interés del organismo estatal para continuar con el expediente. Los jueces descartaron esa argumentación y sostuvieron que la defensa confundió cuestiones procesales con la admisibilidad del recurso.

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En su fallo, los camaristas explicaron que los fundamentos de la defensa no tienen sustento legal ni lógico, y que no se cumplieron los plazos que permitirían declarar la caducidad del caso. En particular, desestimaron el cálculo que ubicaba el último movimiento judicial en octubre de 2023, al considerar que entre marzo y septiembre de ese año hubo actividad procesal válida. “Ese enfoque carece de rigor lógico y vacía de contenido el texto legal aplicable”, sentenció el tribunal en uno de los fragmentos del fallo.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, la Procuración del Tesoro no avanzó con el expediente, a pesar de la vigencia del reclamo, una decisión política que ahora contrasta con la postura del actual gobierno. La causa sigue su curso y, de acuerdo con fuentes oficiales, el Estado tiene instrucciones de avanzar en todas las instancias posibles para obtener un resarcimiento. Esta demanda civil corre de manera paralela al expediente penal por la obra pública, donde la ex presidenta fue condenada por defraudación, aunque esa sentencia aún no está firme.

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En la causa penal se identificó un perjuicio de 85.000 millones de pesos, muy por encima del monto original del reclamo civil. Esa diferencia se explica por las actualizaciones calculadas sobre los valores nominales, aplicando el índice de precios al consumidor, con el objetivo de reflejar el valor real del daño. Los jueces remarcaron que hubo sobreprecios en tres de las cinco obras viales analizadas, además de un mecanismo de cartelización que infló artificialmente los presupuestos durante los procesos licitatorios.

El primer elemento evaluado por los peritos fue la diferencia entre los precios fijados en los pliegos y los importes finalmente contratados, una brecha que se repetía sistemáticamente en las licitaciones ganadas por las empresas vinculadas a Báez. El segundo punto fue la existencia de sobrecostos injustificados en las ejecuciones, lo que agravó el impacto fiscal de las obras. En al menos tres casos, la pericia oficial estimó un perjuicio de entre 170 y 220 millones de dólares, una cifra que refuerza el argumento del Estado en la demanda civil.

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La cifra original de 22.300 millones de pesos fue calculada cuando la causa penal aún no estaba resuelta, y se basa en montos que hoy quedaron desactualizados. Con la condena penal firme en instancias superiores, la estrategia del gobierno libertario es actualizar la demanda y ampliar los argumentos jurídicos y económicos. “Es un reclamo del Estado que se continuará”, aseguraron fuentes de Casa Rosada al ser consultadas por el medio Clarín, que accedió a los fundamentos completos del fallo.

Los avances en la causa podrían reconfigurar el escenario judicial para la ex mandataria, que además sigue siendo titular del Partido Justicialista a nivel nacional. El fallo de la Cámara confirma que no se cierra ninguna puerta para que el Estado busque recuperar fondos, y abre la posibilidad de que el reclamo crezca si se toma como referencia el perjuicio total estipulado por el tribunal penal. La cifra final podría duplicar la actual y alcanzar los 85.000 millones de pesos mencionados en la sentencia.