Indignación en Entre Ríos: La Corte sobreseyó al cura Ilarraz por prescripción de los abusos

La Corte Suprema sobreseyó al cura Justo José Ilarraz, condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar de al menos siete menores en Paraná. La decisión se basó en la prescripción de los delitos, ocurridos entre 1985 y 1993, cuando el sacerdote dirigía la disciplina en el Seminario “Nuestra Señora del Cenáculo”.

“Los hechos exceden el plazo legal de persecución penal”, argumentó el fallo. La defensa sostuvo desde el inicio que el Código Penal fijaba un límite de 12 años para accionar judicialmente. Como las denuncias recién se formalizaron en 2012, más de dos décadas después, pidieron que la causa quedara sin efecto.

El tribunal máximo aceptó ese razonamiento y cerró el caso. Lo hizo a pesar de que tanto el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos como la Procuración General de la Nación habían confirmado la validez del proceso. Ambos organismos sostuvieron que los delitos debían considerarse imprescriptibles, dada su gravedad y el contexto.

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“No se trata de crímenes de lesa humanidad”, resolvió la Corte, en abierta oposición a los criterios aplicados por los jueces provinciales. Aclararon que los abusos cometidos por Ilarraz no se encuadraban dentro de esa categoría, por lo que no correspondía exceptuarlos de los plazos de prescripción.

El fallo encendió la bronca de las víctimas, que ya habían denunciado “una justicia que llega tarde o no llega”. La mayoría eran adolescentes entre 12 y 14 años que estudiaban para ser curas. Vivían en régimen de internado y recibían orientación espiritual personal del sacerdote, quien abusaba de esa posición para someterlos.

Las primeras denuncias se hicieron en 1994 ante la Iglesia. En vez de actuar, el Arzobispado lo trasladó de parroquia en parroquia. Incluso lo envió a Roma para supuestos estudios. Recién en 2012, tras el impulso de organizaciones de víctimas, la causa llegó a la justicia penal con más de 50 denuncias acumuladas.

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Ilarraz siguió oficiando misas hasta hace poco. El Papa Francisco lo expulsó del estado clerical en 2024, luego de un largo proceso canónico. Pero la condena penal de 25 años quedó ahora anulada por decisión de la Corte.

“Ni una condena firme pudo sostenerse frente a la prescripción”, lamentó uno de los denunciantes. El impacto del fallo podría extenderse a otras causas similares. El propio tribunal reconoció que la decisión “se proyecta a numerosos casos similares en discusión”.

Con esta sentencia, la Corte marcó un límite a la jurisprudencia que ampliaba derechos para las víctimas de abuso, especialmente en contextos religiosos. Cerró la puerta a nuevas interpretaciones que buscaban proteger a quienes habían callado durante años por miedo, vergüenza o encubrimiento.