Fondos buitre reclaman acciones de YPF y presionan al Estado argentino en Nueva York

El conflicto judicial en Nueva York por las acciones de YPF sumó nuevos protagonistas con intereses millonarios. Cinco fondos buitre solicitaron sumarse a la ejecución de los fallos que permiten embargar el 51% accionario de la petrolera estatal. Alegan que sus demandas tienen sentencia firme por deuda en default desde la crisis de 2001.

Se trata de Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, todos con antecedentes en litigios internacionales contra la Argentina. Ninguno participó en las causas por la expropiación de YPF, pero sostienen que tienen derecho a participar de la distribución de acciones por haber ganado juicios anteriores en tribunales estadounidenses.

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El planteo fue presentado ante la jueza Loretta Preska, quien recientemente avaló que los beneficiarios de las causas Petersen y Bainbridge accedan a ese capital. Los nuevos demandantes utilizaron la figura legal “me too” para extender los efectos de esas sentencias y posicionarse en la misma línea de cobro.

“También pedimos tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado”, indicaron los abogados representantes, que además exigen prioridad por tener fallos previos. Entre ellos figura Dennis Hranitzky, recordado por haber impulsado la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana, cuando asesoraba al fondo NML-Elliott.

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Según explicó Sebastián Maril, de Latam Advisors, estas decisiones podrían provocar una carrera judicial por el control accionario. “Los fallos de estos fondos preceden a Petersen y Bainbridge. El contexto genera un nuevo frente de litigio y presión sobre el Gobierno argentino”, señaló.

El Gobierno nacional presentó un recurso para intentar frenar la ejecución del fallo Preska. La solicitud fue realizada por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que advirtió sobre el daño que podría causar una decisión inmediata sin revisión en segunda instancia.

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En el escrito se pidió suspender el efecto del fallo porque “la apelación puede prosperar”. También se argumentó que “otras partes podrían quedar damnificadas” y que “prima el interés público en permitir la revisión judicial antes de ejecutar la sentencia”.

Para los acreedores, el Estado argentino aún mantiene la titularidad de ese paquete accionario. Con ese argumento, buscan ejecutar ese activo como parte del resarcimiento por los bonos soberanos que cayeron en default hace más de dos décadas.

Fuente: Clarín, NA