La Justicia frenó el cierre de la obra social de Avellaneda y le dio aire al gremio municipal

Un fallo judicial puso freno al intento de cierre de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), cuya liquidación había sido ordenada por la Superintendencia de Servicios de Salud. La decisión del Juzgado Federal de Quilmes responde a un amparo presentado por el sindicato que representa a los trabajadores municipales, luego de varias protestas frente a la sede de la institución.

“No hay motivos reales para cerrar nuestra obra social”, afirmó el gremio, que denunció una maniobra injustificada. El organismo estatal argumentaba que el bajo número de afiliados —alrededor de 5.000— no garantizaba la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, la Justicia entendió que la medida ponía en riesgo el derecho a la salud de miles de personas y ordenó suspender el proceso.

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La resolución original había sido firmada por Gabriel Oriolo, recientemente reemplazado por Claudio Stivelman al frente de la Superintendencia, en un cambio que marcó también un giro político dentro del organismo. La salida de Oriolo se conoció poco después de un abrazo simbólico convocado por el gremio en la localidad de Crucecita, donde se ubica la sede de la OSPMA.

Desde el sindicato remarcaron que la obra social está al día con los pagos a su personal, proveedores y prestadores, y que no existen reclamos formales sobre su funcionamiento. Además, recordaron que la única vez que la OSPMA fue declarada en crisis fue en 2020, durante la pandemia, para poder acceder al programa de Aportes al Trabajo y la Producción (ATP).

“La resolución fue llamativa. Estamos al día en todas nuestras obligaciones y no hay ninguna denuncia por parte de afiliados”, sostuvieron los voceros sindicales. También mencionaron que iniciaron contactos con las nuevas autoridades de la Superintendencia para aclarar “información mal direccionada” a través del sistema TAD.

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En la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los trabajadores municipales están bajo el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), pero Avellaneda constituye una excepción, al contar con su propia obra social. Esta singularidad fue señalada como un aspecto relevante del conflicto.

Durante los 18 meses que Oriolo estuvo al frente de la Superintendencia, se promovieron múltiples liquidaciones e intervenciones de obras sociales, como las de trabajadores rurales, ladrilleros, del fósforo y otras ramas. En ese contexto, el intento de cierre de la OSPMA fue interpretado como parte de una estrategia más amplia de reorganización del sistema.

El sindicato celebró la decisión judicial y reafirmó su compromiso con la transparencia y eficiencia en la administración de los recursos. “Gestionamos con honestidad, somos una obra social pequeña, pero sólida. Liquidarla hubiese sido un error”, remarcaron.