
El Gobierno justificó el cierre de Vialidad y acusó al organismo de ser “una caja de corrupción”
Política08/07/2025

El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, ratificó este martes la decisión del Gobierno de disolver la Dirección Nacional de Vialidad y explicó los motivos detrás de la medida, apuntando directamente contra la estructura interna del organismo. En declaraciones a Radio Rivadavia, aseguró que “Vialidad es la causal de por qué tenemos las rutas como las tenemos: era una caja para la corrupción, para el clientelismo y para los gremios”, y describió al ente estatal como una maquinaria burocrática con escasa efectividad y múltiples privilegios.
Según Fariña, Vialidad operaba con un doble rol incompatible con la transparencia: diseñaba los pliegos de licitación, adjudicaba obras y se encargaba de su propia fiscalización. Esa práctica, sostuvo, generaba conflictos de interés y dificultaba los controles externos. “Estaba de los dos lados del mostrador, y eso era inconstitucional”, aseguró el funcionario, mano derecha del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, principal impulsor del cierre. La eliminación del organismo se enmarca dentro de una política de reestructuración estatal que apunta a reducir estructuras consideradas ineficientes.
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El Gobierno plantea reemplazar el sistema actual por una nueva agencia que supervise los contratos viales, ferroviarios y de transporte, con funciones específicas y sin superposición de tareas. De acuerdo al nuevo esquema, el Ministerio de Economía tomará a su cargo la redacción de los pliegos, mientras que el control de ejecución quedará en manos de una agencia de fiscalización independiente. “Va a ser un organismo separado con el rol de fiscalizar que se cumplan las condiciones”, explicó Fariña, quien además detalló que la política de mantenimiento será tercerizada en su totalidad.
Uno de los puntos más sensibles del anuncio tiene que ver con el destino de los empleados de Vialidad, cuya estructura actual supera los cinco mil puestos. Según Fariña, solo mil personas trabajaban efectivamente en rutas, mientras que los otros cuatro mil cumplían tareas administrativas, técnicas o de gestión que considera prescindibles. La afirmación despertó críticas desde sindicatos del sector, que advierten sobre el impacto en el empleo y la experiencia acumulada en obras públicas a lo largo del país.
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Para el Ejecutivo, la medida busca romper con lo que consideran un modelo corporativo cerrado, asociado a prácticas políticas opacas y poco eficientes. El discurso oficial se sostiene sobre la premisa de que el mantenimiento vial puede realizarse sin estructura estatal, apelando a contratos privados bajo control externo. La decisión ya comenzó a generar reacciones en gobernadores y dirigentes que advierten sobre posibles efectos negativos en zonas alejadas de los centros urbanos.
El cierre de Vialidad Nacional forma parte del paquete de medidas derivado de la Ley de Bases, que fue sancionada por el Congreso y habilitó al Ejecutivo a disolver organismos públicos considerados innecesarios o superpuestos. En esa línea, se proyecta también la reestructuración de otros entes y la transferencia de competencias a agencias descentralizadas o a los propios ministerios. El plan oficial se apoya en una narrativa de eficiencia, pero enfrenta resistencias políticas y gremiales.
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La desaparición de Vialidad también plantea interrogantes sobre el futuro de la infraestructura vial en zonas con baja rentabilidad para los operadores privados. Desde distintas provincias advierten que la tercerización puede dejar sin mantenimiento a rutas estratégicas que no resultan atractivas para las concesiones. Organizaciones técnicas y exfuncionarios han señalado que Vialidad era también una herramienta para sostener presencia estatal en regiones postergadas.
Fariña, sin embargo, defendió el nuevo modelo como una forma de cortar con décadas de desmanejo y gasto improductivo. Para el Gobierno, la reforma permitirá una gestión más transparente, basada en contratos claros y fiscalización autónoma. “El mantenimiento se seguirá haciendo”, afirmó, al tiempo que descartó una interrupción en la prestación de servicios esenciales. La tensión entre el discurso oficial y las alertas sindicales promete un debate abierto.
Fuente: NA.




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