La Iglesia Universal bajo investigación por lavado por millonarias donaciones sin respaldo
Policiales15/07/2025
REDACCIÓN
Iglesia Universal
El líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina, Ricardo Alberto Cis, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de dinero tras la detección de donaciones millonarias sin documentación válida. El expediente avanza desde 2020 y ahora la Justicia busca desentrañar el origen real de los fondos que sostienen el inmenso patrimonio de la organización.
La causa tuvo su punto de partida cuando Cis intentó adquirir una emisora radial para difundir su prédica religiosa, pero el análisis de su situación patrimonial despertó serias sospechas. La Unidad de Información Financiera (UFI) aportó datos sobre movimientos financieros que no guardaban relación con los ingresos declarados, detectando transferencias y depósitos llamativos desde al menos 2010.
OTRAS NOTICIAS:
Entre 2010 y 2014, la Iglesia Universal recaudó unos $260 millones, con registros especialmente llamativos en ciertos períodos. Solo en 2010, 45 personas depositaron cerca de $4 millones en cuentas de la organización, y entre 2012 y 2013 otras 26 personas sumaron transferencias por $160 millones. En uno de los casos más insólitos, uno de los supuestos donantes figuraba como beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que refuerza la sospecha de maniobras de encubrimiento.
Cis asegura que todo el dinero proviene exclusivamente del diezmo de los fieles, aunque la investigación apunta a una estructura más compleja. Según se desprende del expediente, el patrimonio acumulado incluye 21 inmuebles entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, una flota de 186 automóviles y un avión Cessna 750, que en conjunto superan los cinco millones de dólares en valor de mercado.
El juez federal en lo Penal Económico, Diego Amarante, intervino a pedido del fiscal Emilio Guerberoff y ya citó a indagatoria a 13 personas clave para el 30 de agosto. Entre ellas se encuentra la presidenta formal de la organización en el país, María Idineo Oracz de Assis, y el tesorero Ramón Raitelli, quienes deberán responder sobre la estructura de financiamiento, administración de bienes y origen de los aportes.
OTRAS NOTICIAS:
El expediente, que en sus inicios estuvo en manos del juzgado de Sandra Arroyo Salgado, pasó al fuero penal económico tras un conflicto de competencia. La resolución, que habilitó la continuidad de la investigación bajo jurisdicción especializada, fue clave para que la causa retomara impulso y avanzara sobre los niveles altos de responsabilidad dentro de la organización.
Otro elemento bajo análisis es el posible vínculo político de algunos de los principales apoderados legales de la Iglesia. Douglas Alexander Alves Coutinho y Carlos Alberto Souza Magalhaes, dos nombres cercanos al núcleo de conducción, estarían relacionados con sectores del bolsonarismo en Brasil, lo que podría dar un marco internacional al circuito financiero investigado.
Desde el juzgado no descartan que, además del delito de lavado, puedan sumarse figuras relacionadas con evasión impositiva, fraude y asociación ilícita, en función de lo que surja de las indagatorias. La investigación ya cuenta con un voluminoso caudal de documentación bancaria, registral y societaria, además de informes técnicos que serán utilizados en las audiencias previstas para fin de agosto.
OTRAS NOTICIAS:
El caso vuelve a poner el foco sobre el manejo financiero de las organizaciones religiosas en el país, muchas de las cuales operan sin controles tributarios efectivos. Si bien en Argentina no existe un régimen impositivo que grave directamente los diezmos, sí rige la obligación de declarar ingresos y movimientos financieros cuando estos exceden montos y patrones habituales.
Los abogados defensores de Cis y del resto de los imputados ya adelantaron que sostendrán la legalidad del origen de los fondos, basándose en el principio de libertad religiosa. Sin embargo, para la fiscalía, la magnitud de los bienes y la ausencia de documentación sólida revelan una operatoria diseñada para el ocultamiento.
La causa promete escalar en las próximas semanas, ya que el juez evalúa nuevas medidas de prueba, incluidas intervenciones sobre cuentas bancarias, análisis de transferencias internacionales y cruces patrimoniales. No se descarta que puedan surgir nuevas imputaciones o incluso pedidos de prisión preventiva si se detectan riesgos procesales.
Te puede interesar
