Respiro temporal para la Argentina en el caso YPF

Actualidad15/07/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
Caso YPF
Caso YPF

La Justicia de los Estados Unidos otorgó este martes un alivio provisorio a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, al suspender de forma temporal la ejecución del fallo que obliga al Estado a entregar el 51 % de las acciones de la petrolera. Se trata de una decisión administrativa de alcance limitado, pero que permite al país evitar —por ahora— la cesión forzada de activos clave mientras avanza el proceso de apelación.

El documento emitido por una Corte de Apelaciones de Nueva York establece una “suspensión administrativa temporal” (temporary administrative stay) sobre la "Turnover Order" dictada el pasado 30 de junio. Esta resolución había ordenado a la Argentina transferir sus acciones de control en YPF a los beneficiarios del fallo encabezados por el fondo Burford Capital.


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La medida tiene como objetivo garantizar una “presentación ordenada” de los argumentos de ambas partes, y establece un cronograma estricto para ese cruce. Burford y el resto de los demandantes tienen plazo hasta el jueves 17 de julio para oponerse a una suspensión más extensa, mientras que el Estado argentino podrá responder con sus fundamentos legales hasta el martes 22 de julio.

Una vez finalizado ese intercambio, la Cámara de Apelaciones designará un panel de tres jueces para decidir si concede una suspensión prolongada durante todo el tiempo que dure la apelación de fondo. Según especialistas, si la Cámara acepta ese pedido, la Argentina podrá conservar el control de YPF hasta que se resuelva el litigio principal, lo que podría extenderse más allá de 2026.


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Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro y uno de los abogados que llevó la causa durante cuatro años, explicó en redes sociales los próximos pasos procesales. Subrayó que “si la Cámara accede al pedido argentino, la orden de la jueza Loretta Preska quedará suspendida hasta que se resuelva la apelación contra la sentencia de fondo, que ordenó pagar USD 16.100 millones”.

De no prosperar la solicitud de suspensión, la Argentina volvería a estar obligada a ejecutar la orden judicial vigente, con lo cual los demandantes podrían reclamar la transferencia de acciones de forma inmediata. La situación se torna aún más crítica dado que el fallo de Preska incluye intereses y penalidades que podrían encarecer la deuda si se retrasa el cumplimiento.

El proceso no tiene plazos definidos para la decisión del tribunal, pero se estima que el panel podría fallar en cualquier momento tras la presentación de los escritos. Sin embargo, no se espera que la audiencia sobre la apelación definitiva tenga lugar antes del próximo año.


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El litigio se originó tras la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino expropió el paquete accionario controlado por Repsol, pero sin seguir —según la acusación— el procedimiento fijado por los estatutos de la propia empresa. Burford Capital adquirió los derechos litigiosos de las firmas Petersen Energía y Eton Park, y llevó adelante la demanda que derivó en el fallo adverso.

Mientras se define el futuro judicial, el gobierno argentino apuesta a sostener la estrategia legal que busca ganar tiempo, frenar ejecuciones y evitar una pérdida irreparable del control sobre una empresa considerada estratégica. La causa YPF sigue marcando un punto de tensión clave en el frente internacional de litigios del Estado nacional.

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