Histórica condena a exdirectivos de una multinacional bananera por financiar a paramilitares

Tras 17 años de investigaciones, la justicia colombiana condenó a siete exdirectivos de Chiquita Brands por financiar grupos paramilitares en la región de Urabá, al noroeste del país. La información fue difundida en el podcast Noticias de América de Radio Francia Internacional, en un informe de la periodista Delia Arrunategui que expone los detalles de un fallo sin precedentes contra una multinacional estadounidense por su rol en el conflicto armado interno.

El proceso judicial comenzó en 2005, cuando un testigo denunció que la empresa destinaba fondos sistemáticos a grupos ilegales para operar con libertad en zonas rurales, donde se registraban disputas por tierras, actividad sindical y presencia guerrillera. Durante años, Chiquita Brands habría pagado tres centavos de dólar por cada caja de bananas exportada desde Colombia, según consta en la sentencia.

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“No fue una extorsión ni una coacción: fue un aporte deliberado, permanente y voluntario”, explicó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, organización que acompañó a víctimas durante dos décadas y que impulsó el avance del juicio en el sistema colombiano.

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La empresa había sido sancionada en Estados Unidos en 2007 con una multa administrativa de 25 millones de dólares, y más recientemente en 2024 fue obligada a indemnizar a familiares de víctimas por vía civil. Sin embargo, la justicia penal colombiana dio un paso más al establecer condenas con prisión efectiva, lo que marca un precedente inédito en América Latina.

El tribunal colombiano impuso once años de prisión a cada uno de los exdirectivos condenados, junto con una multa de alrededor de 3,5 millones de dólares. Los jueces consideraron probado que los aportes financieros no respondieron a situaciones de amenaza directa, sino que buscaron sofocar luchas sociales y sindicales a través de grupos armados ilegales.

“En vez de acudir a las autoridades, la empresa buscó un grupo terrorista para controlar la zona”, expresó Vega, al detallar que los fallos norteamericanos y la decisión judicial en Colombia coinciden en ese punto. La empresa operaba en la región a través de Panadex, firma de propiedad exclusiva de Chiquita Brands.

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La resolución marca el fin de una etapa de impunidad en un país donde durante décadas empresas, fuerzas de seguridad y grupos armados operaron en connivencia, especialmente en regiones rurales con fuerte presencia de trabajadores organizados. El caso también establece límites al rol de las multinacionales en contextos de conflicto, abriendo la puerta a nuevos procesos.

Organismos de derechos humanos celebraron la sentencia como una victoria para las víctimas y una advertencia para el sector privado. “Este fallo fija una línea clara: las empresas no pueden financiar el terror para garantizar negocios”, resumió el abogado de Forjando Futuros.

Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional